El decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Francisco Torres Stinga, ha asegurado este lunes que si hace falta se llegará ante el Tribunal Constitucional para solucionar lo que consideran una quiebra no sólo de los derechos jurídico-procesales de los residentes en la Isla de Los Volcanes, sino también de los derechos políticos y sociales del conjunto de la sociedad conejera.
Los jueces de la Audiencia Provincial de Las Palmas no quieren celebrar juicios en Lanzarote y Fuerteventura, hasta el punto de que han recurrido ante el Tribunal Supremo la resolución del Consejo General del Poder Judicial que les obliga a ello.
Los jueces y abogados de Lanzarote han mostrado su rechazo absoluto a esta medida y están pidiendo ayuda a los cabildos de las dos islas no capitalinas. Francisco Torres Stinga ha querido constatar la diferencia entre el comportamiento de los magistrados de Las Palmas y los de Santa Cruz de Tenerife.
"La Audiencia Provincial de Tenerife sí que se traslada a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, así que se daría en este caso una situación inédita puesto que los derechos de los ciudadanos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que incluso tienen más volumen de asuntos que las otras islas, se verían mermados al tener que trasladarnos a la capital de la provincia", ha explicado Torres en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ya ha confirmado que la Corporación se personará en el pleito abierto en el Supremo para decidir si finalmente los magistrados de la Audiencia deberán seguir celebrando los juicios también en Lanzarote y Fuerteventura. La estimación del recurso de alza interpuesto ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por ocho de los doce magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Las Palmas supondría para el Cabildo de Lanzarote "un menoscabo en la igualdad de derechos de los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura con respecto a los de Las Palmas o Tenerife". Un hecho que ya en su momento, en el año 2010, fue resuelto por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que emitió una resolución y obligaba cada tres meses a diferentes secciones penales de la Audiencia Provincial a desplazarse a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
"Desde las islas de Lanzarote y Fuerteventura nos opondremos a que prosperen las intenciones de estos ocho magistrados de la Audiencia Provincial en detrimento del interés general, social, económico y judicial de toda la población", destacó el presidente de la Corporación lanzaroteña quien espera contar también en esta causa con el apoyo del presidente majorero, Mario Cabrera.
De esta forma, el Cabildo de Lanzarote se ha mostrado en sintonía con las reivindicaciones de los cuatrocientos abogados del órgano colegial en la isla, sumándose a la defensa de los derechos de los ciudadanos de Lanzarote en el acceso igualitario a la Administración de Justicia, "como no podría ser de otra forma", ha explicado Pedro San Ginés.
