Los profesores no universitarios de Canarias en conflicto por la homologación salarial despedirán el curso con una manifestación el próximo día 25 de junio y advirtieron a la Consejería de Educación del Gobierno canario de si el conflicto no está cerrado antes de septiembre, el inicio de curso se verá afectado por nuevas movilizaciones, entre las que no descartan una huelga indefinida.
Así lo anunciaron este martes, en rueda de prensa, los representantes del Comité de Huelga por la Homologación sin contrapartidas, que volvieron a reiterar su petición a la Consejería de que retomar la negociación, que recuerdan fue rota unilateralmente por el Ejecutivo regional.
Los representantes del comité explicaron que, si antes del 30 de junio no se obtiene respuesta del Ejecutivo, entienden que se dan las condiciones para "continuar la lucha y no podrá iniciarse el curso en condiciones de mínima normalidad".
Serán las asambleas de profesores las que decidan las movilizaciones que se adoptarán en septiembre y que reconocieron dificultarán e incluso podrían paralizar el inicio del curso escolar, si se decide ir a la huelga indefinida.
Así, los profesores comenzarán el próximo curso como despiden éste, aunque aclararon que en estas próximas semanas no adoptarán acciones para dificultar las evaluaciones finales, la entrega de notas o las pruebas de acceso a las universidades y se convocará la manifestación para el próximo 25 de junio, a la que invitan a participar a otros sectores que apoyen la reivindicación del profesorado.
También se pedirá a los profesores que en el claustro final que tienen que celebrar los centros el día 30 de junio, expresen su rechazo a la propuesta presentada por la Consejería en la mesa sectorial del pasado 15 de mayo y remitan estos acuerdos claustrales certificados a la Consejería.
El comité insiste en que la Consejería “no tiene salida en este conflicto, la única salida es que se siente a negociar con seriedad”, por lo que pidieron a la consejera, Milagros Luís Brito, “que se deje de tomaduras de pelo, que no siga repitiendo mentiras y engaños” y ponga “más interés en resolver este conflicto”, indicó Manuel Rodríguez, representante del comité.
Frente a esta petición, consideran que la intención del Ejecutivo es llevar adelante “no sabemos cómo” las propuestas del presidente, Paulino Rivero, de ampliar el horario de los centros, frente a lo que advirtieron al Ejecutivo de que no podrá poner en práctica medidas que alteren las condiciones de trabajo ni el horario del profesorado, si no son negociadas con el colectivo.
Así, insistieron en pedir al Gobierno que se siente a dialogar “con rigor y seriedad” y que de una vez “se quite la careta y reconozca los fracasos” de su gestión en los últimos años, en los que dijo “ha practicado una política cicatera y de parcheo” y no han atendido las necesidades en materia educativa, mientras que “sin apenas invertir, pretende unos resultados más óptimos a costa, una vez más, de los docentes canarios”.
Por ello, también rechazaron las posibles intenciones del Ejecutivo de reducir el gasto en Educación y no afrontar la homologación amparándose en la necesidad de dar respuesta a otros servicios esenciales en la coyuntura actual de crisis económica.
El comité indicó que en estos días hacen un “último esfuerzo” en pedir a la Consejería “se siente a dialogar sobre la homologación sin contrapartidas y también sobre la calidad educativa”, aunque mostraron su “poca confianza” en que la consejera, Milagros Luís, “tenga interés de negociar nada”, afirmó Domingo Méndez, representante del comité.
También destacaron que los profesores cada vez cuentan con más respaldo social, lo que estiman una muestra de que el Gobierno “no lleva la razón” y se “está quedando sólo” ante esta reivindicación, a la que volvieron a pedir se sumen los otros sindicatos firmantes del preacuerdo con la Consejería -rechazado por las asambleas de profesores-.
Al respecto, apuntaron que “no hay ningún obstáculo” para retomar la unidad sindical, siempre que estas organizaciones asuman la reivindicación de una homologación sin contrapartidas y respeten el protocolo de funcionamiento del comité de huelga.
Los miembros del comité, que recordaron que esas organizaciones sindicales tampoco aceptaron la propuesta presentada hace una semanas por la Consejería en la Mesa Sectorial de Educación, mostraron su disposición a discutir públicamente y sumar las aportaciones de estas organizaciones al borrador de propuesta sobre la homologación presentado por el comité de huelga al Gobierno canario.
Vía Judicial
Frente a las afirmaciones de la consejera, el comité insiste en que no ha descartado la posibilidad de llevar la reivindicación del profesorado a la vía judicial y recuerda que, con independencia de su decisión, ya existen en los tribunales y pendientes de resolución recursos contra la administración presentados desde otras instancias para exigir la homologación.
El comité de huelga del profesorado no universitario que exige la homologación sin contrapartidas insistió hoy en que no ha descartado la posibilidad de que recurrir a la vía judicial para exigir sus reivindicaciones, una opción en estudio que no han ejecutado “porque todo el mundo sabe que en este país la Justicia es una de las cosas más lentas que hay, sobre todo en el ámbito de los contencioso administrativo”.
Así lo indicaron hoy, en rueda de prensa, los representantes del comité de huelga al ser cuestionados sobre las declaraciones de la consejera de Educación, Milagros Luís, en las que considera “lógico y razonable” que el comité acuda a la vía judicial si entiende que es exigible su reivindicación en el marco de la norma aprobada en su día por el Parlamento canario sobre la homologación.
En cualquier caso, y con independencia de lo que decida el comité de huelga, recordaron que desde varias instancias se han presentado recursos contenciosos administrativos en exigiendo la equiparación y ajuste salarial de los docentes conforme a la ley de homologación, explicó Domingo Méndez, representante del comité de huelga.
Asimismo, consideró que éste “no es un problema sólo de legislación sino de decisión política”, de manera que las administraciones pueden incorporar a la normativa las reivindicaciones de un colectivo.
“Para que se incorporen a las leyes las reclamaciones de los movimientos sindicales, primero no son leyes, sino que son reclamaciones y se incorporan cuando hay presión suficiente”, afirmó Méndez, quien recordó a la Consejería que en su día los movimientos sindicales consiguieron esa ley de homologación y que ahora “exigimos que se nos reconozca de nuevo” lo recogido en la norma.
