"¿No serás de la secreta?", preguntó con cierto recelo Nieves García, de 46 años, este lunes en la asamblea del 15-M en San Telmo. Era el día después de la intervención en la que Policía Nacional y Local desmantelaron de madrugada la acampada de los indignados entre acusaciones de violencia policial, extremo que fue desmentido por el comisario jefe de la Policía Nacional en Las Palmas. Aunque predominaba un ambiente de tranquilidad media hora antes de que comenzara la asamblea, había cierto rechazo a las fuerzas del orden por parte de algunos simpatizantes del movimiento.
Tras identificarse su interlocutor como periodista, Nieves comenzó a hablar con más confianza. "Estoy aquí para apoyar a los acampados que fueron desalojados anoche, y porque la Policía Local se contradice", asegura. Como vigilante de seguridad, cree tener cierto conocimiento de lo que habla. "Se contradice porque sabía que era ilegal desde un principio, lo permitieron y ahora desalojan, y yo como ciudadana vengo porque estoy en contra de lo que ha dicho la policía". Responde a las preguntas con el mismo adjetivo con el que se ha calificado a los simpatizantes de este movimiento, con indignación. Confiesa que no estuvo durante el desalojo, pero ha ido con regularidad a las asambleas y apoya el movimiento ciudadano. También dice sentirse harta de la falta de democracia que existe en España, y concretamente en Canarias.
Entre los asistentes se encontraban muchos de los acampados que, durante la noche anterior, fueron desalojados de las tiendas que se habían levantado desde el 15 de mayo. Todos ellos narran con el mismo grado de detalle cómo procedieron al desalojo los dos cuerpos de policía implicados. "Nos dieron tres minutos para desalojar las tiendas de campaña, pero no tardaron ni uno en comenzar a intervenir por la fuerza", dice Francisco Javier Mendoza, de 48 años, Pancho para sus compañeros de acampada.
Sobre las siete y media comenzó la asamblea. Pese a la finalidad pacífica de la protesta, el dispositivo policial desplegado por los alrededores de la plaza era considerable: dos furgones de la Policía Nacional y un coche de la Policía Local. Participaron muchas personas anónimas, pero casi todas exigían pedir responsabilidades a los dos cuerpos de policía y a la Delegación del Gobierno.
José González (Abdul es su nombre musulmán), de 46 años, fue uno de ellos. Se encontraba en su casa cuando comenzó el desalojo, pero le llamaron por teléfono y logró entrar al parque pese a los policías, que él calcula en unos 80 agentes para menos de la mitad de acampados. Abdul recalca que las dos policías negaban responsabilidades. Al preguntar a la Local éstos le remitieron a la Nacional, quienes también alegaban no estar al frente del operativo. "Fueron a por el punto de información", comenta mientras sostiene en alto el brazo izquierdo casi en cabestrillo, fruto de la carga policial y que todavía no se ha hecho mirar por un médico. Confiesa que se lo hará examinar cuando las cosas se estabilicen.
La carga policial comenzó cuando los acampados intentaron impedir que los agentes se acercaran al punto de información, relata Abdul. También quisieron evitar la salida del camión de la basura que contenía las casetas y muchas otras de sus propiedades, confirma. "Un campamento que lleva montado desde hace más de un mes no se puede levantar ni en un minuto ni en tres, ni en diez". Aún así, la policía no cejó en el desalojo y no pudieron recuperar las tiendas y demás enseres. Sí pudieron salvar los archivos que contenían datos de carácter personal de los acampados, pero con la consecuencia de la detención de uno de los miembros, Rafael Casanova, que tendrá que afrontar un juicio.
Más lesionados
En aquellos momentos otra chica resultó herida. Se llama Judith Mendoza Padrón, y con sus 16 años, explica cómo los agentes no tuvieron contemplaciones en usar la fuerza contra una menor. La policía les había dicho que los menores necesitaban la autorización de los padres para poder estar allí. "Yo y los demás la teníamos, pero no se molestaron en pedirlas cuando comenzaron a desalojar", recuerda. Asegura que recibió golpes en la cadera y en las piernas, y tras el desalojo fue al médico para pedir un parte de lesiones. Recalca que la policía tomaba fotografías y notas de todo lo que les parecía negativo o insalubre del campamento. Judith reconoce que en la zona había marihuana y algunos animales -como un par de ratas domésticas de su hermano-, pero también matiza que no había drogas duras y que los animales estaban enjaulados.
Otra chica también fue presuntamente agredida en el momento en el que intentaron bloquear el camión de basura que contenía la mayoría de las propiedades de los acampados. A.P.G., de 18 años, se queja de la actuación policial incluso después del desalojo. Al acercarse esta mañana a la central de Miller Bajo de la Policía Local no pudieron recoger sus objetos personales porque, según se les dijo, necesitaban el ticket de compra de los enseres que querían recuperar. "¿Cómo voy a tener el ticket de algo que he comprado desde haces meses e incluso años?", se preguntaba.
En la asamblea se llegó a dos acuerdos: situar de nuevo un punto de información y permanecer durante la noche en el parque; y colocar, como acto simbólico, una tienda de campaña. Este acto derivó en una sentada frente a los furgones de la Policía Nacional emplazados junto al Quiosco de la Música. De espaldas a la policía, la asamblea continuó.
Se hacía de noche y las intervenciones eran muchas. También los asistentes, como May Pérez, de 59 años. Agricultora ecológica de profesión se desplazó desde Moya porque pensaba que "ya hacía falta que surgiera este movimiento, y en Canarias también". Según cuenta, durante el franquismo se luchó por lograr la democracia, y ahora hay que mejorarla. Al preguntarle sobre la situación de su profesión, no tarda un segundo en responder. "La agricultura ecológica es dura, pero conquistar la democracia también lo es".
