jueves. 10.07.2025
Ástrid Pérez asegura que la Operación Unión es un ejemplo perfecto de una operación "absolutamente política y manipulada"

El PIL apunta que 93 autos de detenciones en la Operación Unión ni siquiera llevaban la firma del juez

La oposición de Arrecife reclama que el Ayuntamiento de Arrecife abra una investigación al hilo de la filtración de correos electrónicos que podrían ser “constitutivos de delito”. Domingo García (AC25-M) ha calificado de “escándalo” el contenido de dichos correos

El portavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en Arrecife, Juan Jesús González Docal, ha denunciado este lunes en Cope Lanzarote que más de 90 actuaciones relacionadas con la Operación Unión "no llevaban ni la firma del juez".

"Les tuvieron dos o tres días para luego hacer interrogatorios de menos de una hora. También se dieron cuenta de que se había detenido a personas incorrectas o mal identificadas. Ahora venimos a comprobar cómo 93 de esas actuaciones, 93 de esos autos, ni siquiera venían firmados por el juez y que no obedecían a indicios claros de delito", ha afirmado González Docal en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote.

"Lo que pido es que pague todo el mundo por lo que ha hecho. Si los jueces se equivocaron y sobrepasaron su forma de actuar, que paguen también, pues si no, estamos en un estado que no nos da todas las garantías", ha dicho. El concejal del PIL cree que la Operación ‘Unión’ “no quedará en nada”.

Por su parte, la presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, ha asegurado que "la Operación Unión es un ejemplo perfecto de una operación absolutamente política y manipulada, y prueba de ello es que el día que hubo detenciones había cámaras de la Sexta, la Cuatro y otros canales de Televisión nacional que no tienen sede en Canarias.". A su juicio, "fue una operación muy buen montada desde una autoridad política, que se usó para derrocar al enemigo que no puede derrocar en las urnas. Después algunos hablan de utilización del aparato del Estado. Creo que si alguien en España ha utilizado el aparato del Estado, ésa ha sido la izquierda, y ahí están los precedentes y la historia”, ha dicho.

Filtración de correos electrónicos

Por otro lado, el propio González Docal, que reclama una rectificación pública al alcalde de Arrecife ante las últimas contradicciones por la deuda oculta del Consistorio, ha reclamado, junto al resto de la oposición de Arrecife, que el Ayuntamiento abra una investigación al hilo de la filtración de correos electrónicos que podrían ser “constitutivos de delito”. “Atentar contra la intimidad de las personas no es la forma de actuar”. González Docal señala que no se siente "seguro ya en el Ayuntamiento de Arrecife”.

Por su parte, la propia presidenta del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, ha desvelado que ha tenido la oportunidad de leer alguno de estos correos.

“Al parecer este asunto ya está en la Fiscalía o se ha interpuesto denuncia en los tribunales, así que habrá que esperar a que la justicia decidan sobre la ilegalidad o ilicitud de lo que está haciendo este grupo de gobierno (CC-PSOE) en Arrecife. Hay muchos más emails que no he podido plantear, pero yo no voy a hacer lo mismo que el PSOE y CC con la Operación Unión. Todo el mundo es inocente mientras se demuestre lo contrario y vamos a esperar para comprobar si efectivamente se ha ido a Fiscalía, y si los medios de comunicación actúan con la misma seriedad y rigor con que actuaron en otras operaciones si al final esto llega a algún sitio”, ha manifestado. La presidenta califica de “muy grave” esta filtración de correos y sus contenidos y espera “que también se haga justicia si se trata de otro caso de corrupción, venga de donde venga”.

También el concejal de Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) en Arrecife, Domingo García, ha calificado tal filtración y su contenido de "escándalo" y ha reclamado igualmente que se abra una investigación al respecto.

“Lo que no se entiende es que el contenido de distintos correos que circulan entre diferentes departamentos del Ayuntamiento se hagan públicos, y que cualquiera pueda tenerlos. Creo que no hay intimidad ni seguridad para quienes ejercen su labor en el Ayuntamiento, y que el alcalde debería clarificar este asunto, pues una cosa es el hecho de que eso se produzca, y otra distinta lo que después dicen los correos. Si hay delito o no, será el alcalde el principal interesado en clarificarlo. Y quienes tengan la posibilidad de tener ese documento en la mano deberían trasladarlo a la justicia si creen que podría haber delito”, ha dicho. Se trata de “actuaciones peudomafiosas”, ha concluido.

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