El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias han remitido este miércoles por la mañana de forma coordinada un documento dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el que exigen la inmediata suspensión del proceso administrativo de las prospecciones y la apertura de un nuevo proceso de exposición pública por las graves irregularidades detectadas en el expediente de las prospecciones que Repsol pretende efectuar en Canarias. Otros Cabildos y ayuntamientos de distintas islas reforzarán esta semana la iniciativa sumándose a la petición de suspensión del proceso, que será también dirigida a la ciudadanía para facilitar que colectivos y personas físicas puedan remitir idéntica petición.
En la actualidad, explica el Cabildo en nota de prensa, los permisos de investigación están inmersos en un proceso administrativo cursado en primera instancia por el órgano sustantivo, el Ministerio de Energía, Industria y Turismo, y en segundo lugar por la Autoridad competente de dictaminar la Declaración de Impacto Ambiental, el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente. Este Ministerio, dirigido por Miguel Arias Cañete -seriamente cuestionado por tener intereses personales en empresas vinculadas a la comercialización de hidrocarburos-, debe resolver en los próximos días si otorga luz verde a Repsol para iniciar las primeras catas frente a las islas.
El Cabildo explica en su escrito que los procesos de evaluación ambiental se focalizan en base al análisis de la información aportada por Repsol en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) expuesto a información pública el pasado 1 de agosto de 2013, así como a las alegaciones al mencionado EIA aportadas por ciudadanos y ciudadanas particulares, entidades privadas diversas, y administraciones públicas canarias. Estando en curso este proceso evaluativo, y ante la patente falta de información de relevancia que ya fue detectada en el EIA de Repsol y desglosada con precisión en las alegaciones formuladas por las partes alegadoras, representantes de tres administraciones canarias lograron acceder recientemente a una parte del expediente que no había sido facilitado con anterioridad. Tras una primera lectura parcial, se detectaron serias irregularidades tanto en la forma y ordenamiento como en los contenidos temáticos, destacando graves carencias sobre los impactos que las prospecciones de Repsol pueden generar sobre la población humana, sobre el medio natural oceánico, sobre las actividades económicas y, en consecuencia, sobre los intereses generales de Canarias.
Por este motivo, las instituciones públicas del Archipiélago estiman que en estas circunstancias de graves anomalías en el seno del procedimiento legal, y ajustándose a los preceptos administrativos vigentes de la legislación española y comunitaria, emitir conclusión alguna en forma de Declaración de Impacto Ambiental favorable a la petrolera sería del todo inadmisible por vulnerar derechos fundamentales perfectamente reglados.
Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, la exigencia de suspender la totalidad del proceso administrativo en el Gobierno de España “está más que justificada porque, hasta la fecha de hoy, los permisos otorgados a Repsol han estado marcados por la carencia de rigor, la imposición de graves decisiones para los intereses de nuestra sociedad, y por una inadmisible falta de transparencia que socava sistemáticamente nuestra democracia. Pero seguiremos trabajando sin cesar contra esta amenaza que el Gobierno de Partido Popular nos impone desde hace ya 13 años. Éste es solo un paso más”.
La totalidad de la documentación que el Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Ministerio de Industria tras expirar el periodo de información pública en 2013 constituye, tanto en la naturaleza de su contenido como por la amplitud de temáticas abarcadas, un elemento de juicio imprescindible para las instituciones canarias a las que, sin embargo, no se les ha permitido el acceso a estos datos en tiempo y forma. Por tanto, es obvio que en este punto de la evolución del expediente “Canarias 1 a 9”, se ha generado una clara situación de indefensión con respecto a los intereses generales canarios al poseer la Administración Central informes de la máxima importancia que hasta la fecha permanecen ocultos, con el agravante de que estos datos sustentarían decisiones de extrema gravedad si finalmente autorizan a Repsol a iniciar las catas.
Así, una delegación canaria se desplazará expresamente a Madrid el próximo martes 29 de abril a fin de estudiar el estado del expediente en el Ministerio de Medio Ambiente y los términos que hasta la fecha se valoran con respecto a la Declaración de Impacto Ambiental. El vicepresidente del Cabildo lanzaroteño, Joaquín Caraballo, ha expresado en esta jornada que “lo que hemos descubierto en los archivos de los ministerios reafirma rotundamente nuestra oposición al proyecto petrolero. No queremos gobiernos tramposos que oculten información entre sus propios Ministerios, estos no son los gestores que necesitamos”.
Esta afección detectada en la tramitación del expediente conduce de forma inevitable a la apertura de un nuevo proceso de información pública que retrotraiga el curso del proceso a una fase anterior a la de la presentación del EIA de Repsol al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En el escrito dirigido al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal Belda, el Cabildo lanzaroteño y el gobierno de Canarias señalan que en este tipo de situaciones en las que se estima imprescindible un segundo periodo de exposición pública previa redacción y emisión de la DIA, tiene precedentes destacados en nuestro país, y aportan ejemplos significativos como la “Ampliación del Puerto de Pasajes”, las “actuaciones de mejora en los accesos marítimos al puerto de Sevilla” y la más reciente, la resolución de 16 de julio de 2012 por la que se formula la DIA del proyecto Construcción de una refinería de petróleo en Extremadura, conocido como, “Refinería de Balboa, Badajoz, Extremadura”.
Las administraciones canarias concluyen solicitando textualmente que “se proceda a la apertura de un nuevo proceso de exposición pública que, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, artículo 9.4, y Directiva 2011/92/UE, artículo 6.3, permita a las partes alegadoras acceder a la totalidad de la información del EIA de Repsol sobre su proyecto “Canarias 1 a 9”, incluyendo las aportaciones resultantes de las demandas documentales solicitadas por el Ministerio de Medio Ambiente a la petrolera, e incluyendo las aportaciones resultantes de las demandas documentales solicitadas por el Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Industria sobre este asunto, si las hubiere”.
