FOTOS: JOSE CURBELO
El senador socialista por Lanzarote, Marcos Hernández, comenzó en la mañana de este miércoles los trámites para evitar el derribo de las construcciones de la zona de El Golfo. Así se lo ha hecho saber a esta redacción, que ha querido conocer cuál es su reacción tras la noticia sobre la posibilidad de que la expropiación de las construcciones pudiese llevarse a cabo.
Hernández ya ha “trasladado su preocupación” a los responsables de la Dirección General de Costas, y aunque aún no ha podido hablar directamente con el director general del Área, espera su llamada para “encontrar las fórmulas que satisfagan a todos”.
Para conseguir su propósito, el senador mantendrá en las próximas semanas reuniones también con los vecinos y con los responsables municipales para “analizar cada caso”. Sabe que será un proceso largo y complicado que habrá que solucionar caso por caso porque hay que tener en cuenta que edificaciones se hicieron bajo la ley anterior a la de 1988 y cuáles después.
En cualquier caso no descarta que se pueda luchar también por las que se construyeron bajo la ley todavía vigente que delimita la zona urbanizable en las que pretende incluir este tramo del litoral de Lanzarote en la zona afectada de servidumbre de 100 metros y nos los 20 como sería correcto al tratarse de un núcleo urbano existente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988 conocida como Ley de Costas.
70 viviendas de El Golfo serán derribadas por la Dirección General de Costas de no prosperar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Yaiza. El Consistorio sureño recurrió la orden ministerial ante la Audiencia Nacional.
La Dirección General de Costas procede a introducir en el dominio público marítimo terrestre un tramo de costa de unos mil setenta metros de longitud, comprendido entre la parte norte de El Charco de Los Clicos y el final del núcleo urbano de El Golfo, en el municipio de Yaiza, y donde el Ministerio de Medio Ambiente pretende derribar en estos meses dichas viviendas.
La Dirección General de Costas, a través de una orden ministerial, dejó claro que “el suelo donde está pertenece a ella”. El miércoles de la semana que viene es el día elegido por el Ayuntamiento de Yaiza para asesorar a los vecinos afectados sobre los trámites que deben seguir para poder hacer frente a su defensa. El Consistorio sureño expuso públicamente que se trata de un “atropello” que pretende realizar el Ministerio de Medio Ambiente y su Dirección General de Costas a los legítimos titulares de estos terrenos e inmuebles que se localizan en el litoral de El Golfo.
El alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, señaló esta semana que ha ordenado a los servicios jurídicos municipales personarse en el proceso judicial que los vecinos afectados pretenden interponer ante los tribunales para paralizar los planes de la Dirección General de Costas ante la aprobación del nuevo deslinde marítimo terrestre que pretende incluir este tramo del litoral de Lanzarote en la zona afectada de servidumbre de 100 metros y nos los 20 como sería correcto al tratarse de un núcleo urbano existente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988 conocida como Ley de Costas.
Durante el pasado mes de agosto los vecinos de este núcleo costero de Yaiza han recibido las notificaciones de la Dirección General de Costas donde se señala, entre otros asuntos, que se “ordena a la Demarcación de Costas de este Departamento en Las Palmas de Gran Canaria a que inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas regístrales actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas regístrales contradictorias con el deslinde aprobado”.
Desde el Ayuntamiento de Yaiza se notifica que los vecinos de El Golfo han sido debidamente informados de que tienen dos opciones: interponer un recurso de reposición en el plazo de dos meses.
En la mayoría de los casos finalizarían en octubre, ya que las recibieron con fecha de mediados de agosto y les correspondería finalizar en este mes. El Ayuntamiento también cuenta con dos meses, aunque no es afectado directamente, por lo que abren un contencioso administrativo. El Consistorio, en su conjunto, pidió la anulación de la orden ministerial ante la Audiencia Nacional.
Muchas de estos inmuebles tienen actividad empresarial y comercial ya que El Golfo es una zona con gran actividad turística. Los vecinos se encuentran muy afectados por este asunto ya que “de la noche a la mañana les digan que el suelo donde viven deja de ser de su propiedad y pertenece al Estado a nadie le hace gracia”.
La zona en litigio no es el inmueble en sí sino el suelo y lo que el Estado responde ante este conflicto es que el suelo pertenece a una zona de dominio marítimo terrestre. El suelo, al estar colindante con un litoral, pertenecería al Estado.El Ayuntamiento pretende determinar con este recurso que la orden es nula de pleno derecho. Por otro lado, si a los vecinos les es denegado el recurso de reposición tendrán también que presentar un recurso.
