A muerta por día. Este ha sido el triste saldo que llevamos esta semana por culpa de la violencia de género. En lo que lleva de año 32 mujeres han muerto por esta causa. Muchas de ellas habían denunciado a su agresor pero el 16% había retirado esa denuncia, lo que está haciendo que el Gobierno esté estudiando modificar la ley para que las víctimas de malos tratos tengan la obligación de denunciar, algo que no termina de convencer ni a las agredidas ni a quienes trabajan con ellas.
María Nieves Hernández Gómez es la presidenta del Instituto Canario de la Mujer y quiere dejar claro que aunque la muerte de mujeres se está convirtiendo en una noticia casi diaria, no hay que dejar que esta situación se vea como algo normal. Dice que “tenemos que seguir teniendo un sentimiento de rabia y de dolor cada vez que pasa algo así porque esto sólo significa que continuamos viviendo en una sociedad que permite reacciones arcaicas, que nada tienen que ver con una sociedad moderna en la que han cambiado las formas de relacionarse entre hombres y mujeres”.
Denunciar funciona
Desde el Gobierno y las asociaciones que trabajan con mujeres maltratadas quieren que las españolas crean que denunciar realmente funciona. Sin embargo, el 22% de las agredidas tardan más de 5 años en hacerlo. En opinión de Hernández, “el ciclo de la violencia va haciendo que la mujer pierda casi toda su autoestima y que se encuentre en una situación de secuestro emocional que provoca una reacción similar a la del síndrome de Estocolmo, en el que va justificando y perdonando a su agresor, que en ocasiones termina finalmente matándola”. Dice que “lo que nunca hay que hacer es culpabilizar a la mujer porque el único responsable es el asesino ya que hay muchos factores que analizar en cada caso y uno de los más importantes son los hijos ya que muchas mujeres piensan que pueden perderles si abandonan la relación o que no van a poder sacarlos adelante”.
El Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial estima que el 27,3% de los asesinatos viene precedido de antecedentes violentos y de un conocimiento por parte de las instituciones de que ha habido una situación de peligro y sin embargo, esas muertes no se han podido evitar. La directora del ICM asevera que “el problema es que muchas retiran la denuncia y si hacen eso, no se les puede ayudar”. Dice que “por desgracia vamos a tener más muertes antes de que la sociedad haya evolucionado y eliminado los prejuicios”. Comenta que “si no se denuncia, el sistema de ayuda no se puede poner en marcha”. Explica que la aplicación de la Ley de Violencia de Género no está dando todos los resultados que se desearían porque a veces la ley va por delante de la sociedad y los cambios de actitud no son tan rápidos. De todos modos, asegura que las leyes se pueden cambiar, siempre y cuando no den los frutos necesarios.
En cuanto a la respuesta judicial y policial que hagan que la mujer que ha denunciado crea que ha merecido la pena hacerlo, Hernández dice que “no es fácil realizar un cambio de actitudes en un sistema en el que las personas tienen conductras prejuiciosas; por eso es necesario formar a la gente que tiene la posibilidad de hacer que las cosas cambien, como los que trabajan en juzgados o fuerzas de seguridad del Estado”. Asegura que esta transformación no tiene que realizarse poco a poco sino cuanto antes ya que para eso hay gente muy formada capaz de asumir estas ideas, del mismo modo que somos capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Explica que “si somos capaces de asumir conceptos tecnológicos tan complicados, más aún tenemos que aprender a modificar las ideas que van en contra de la dignidad humana”. Cree que esto ha de hacerse mediante una educación comprometida en los colegios, en las familias y en la sociedad en general porque no se puede sacar una ley integral y que luego se siga viendo que en determinados ámbitos siguen dándose los roles y estereotipos machistas porque sería una incoherencia.
Actuación de Oficio
El 16% de las mujeres que ha puesto una denuncia la retira, lo que supone una cifra de 25.000 casos. Los motivos que se alegan van desde el miedo hasta el perdón al agresor o el deseo de reanudar la relación. También sucede que en muchos casos, aunque la denuncia se mantenga, la víctima se niegue a declarar contra su marido. En estos casos, el procedimiento judicial puede seguir de oficio pero no suele llegar a buen fin ya que estos procesos suelen estar casi siempre basados en la declaración de la víctima y si la fiscalía no tiene otras pruebas, no se puede fundamentar el caso y se suele sobreseer. “Como normalmente no hay testigos, si no hay declaración de la mujer, no se puede seguir adelante; de ahí la propuesta de cambio de la ley que obligue a las víctimas a declarar”. Pero este cambio supondría que algunas mujeres dejen de denunciar si saben que van a estar obligadas por ley a declarar. Por ello, “sería importante que la mujer estuviera muy bien asesorada antes de tomar cualquier decisión para que sepa a lo que se expone si declara o no lo hace” argumenta Hernández.
Sin embargo, no quiere posicionarse a favor o en contra de esta posible modificación y dice que prefiere “soñarlo más”; es decir, estudiarlo más ya que aunque puede ver ventajas a priori, comenta que “todo lo que sea obligado me hace saltar algo en el estómago y en el cerebro”. Por ello, ha pensado encargar un estudio a la universidad para ver las ventajas y desventajas de la fórmula.
En cuanto a la incursión de la policía en la vida de las mujeres maltratadas, aunque ellas hayan quitado la demanda, dice que hay que tener mucho cuidado porque “podríamos estar metiéndonos en el ámbito privado de las personas y a nadie se le puede obligar a estar vigilado o controlado”.
