- El comisionado denuncia la opaca política ambiental de la petrolera y reclama la paralización inmediata de las prospecciones frente a las aguas canarias
La reciente sanción de 500.000 euros impuesta por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya a Repsol por un vertido de 6.000 toneladas de hidrocarburos en octubre de 2012 en Tarragona "pone de manifiesto el total desprecio de la compañía por las cuestiones medioambientales", según dijo este viernes el comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo el Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, quien reiteró la exigencia del Ejecutivo autónomo de paralización inmediata de las prospecciones petrolíferas previstas frente a las aguas canarias.
"La multa impuesta a Repsol por este derrame ha generado honda preocupación en el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que analizaron de forma inmediata este nuevo episodio de la política ambiental de la petrolera", explicó el comisionado, quien añadió que "las tres instituciones coinciden en que las operaciones de una compañía de esta naturaleza no tienen cabida alguna en territorio canario por su elevado índice de riesgo y por su opaca política ambiental".
En ese sentido, Ríos denunció la "sistemática y engañosa publicidad que de forma intolerable expande la compañía en Canarias para defender su proyecto petrolífero frente a las islas asegurando, con la complicidad del ministro Soria y del Partido Popular en Canarias, que sus operaciones son seguras".
El comisionado recordó que "Repsol acomete en la actualidad operaciones en el fondo marino frente a las Islas sin haber informado en modo alguno de la naturaleza y riesgo que éstas entrañan, revelando, como en el caso de Tarragona, una falta absoluta de transparencia sobre actividades de alto riesgo que podrían estar afectado ya los ecosistemas y el medio natural oceánico".
El vertido en Tarragona, calificado por el Gobierno catalán de "infracción muy grave", se produjo en octubre de 2012 y provocó la contaminación de los acuíferos del entorno, vitales para la producción agrícola de la zona. El pasado mes de marzo de 2013, la Consellería de Interior acusó a la petrolera de no comunicar a tiempo la existencia de un derrame tóxico de una sustancia altamente contaminante, volátil e inflamable; este vertido motivó entonces las protestas de diversos grupos políticos de la Cámara catalana exigiendo las comparecencias de, entre otros, el propio presidente de Repsol, Antonio Brufau. Posteriormente, en mayo de 2013, el PSC e ICV formularon preguntas parlamentarias sobre este vertido y sobre las responsabilidades que pudieran derivarse por los daños causados, y, ayer, jueves, el máximo responsable del área de Sostenibilidad del gobierno catalán, Santi Vila, afirmó que "la determinación del Govern es imponer una sanción ejemplar a la petrolera".
El 11 de marzo de 2013, el Cabildo de Lanzarote difundió un comunicado sobre este derrame tras descubrir las autoridades catalanas la magnitud real de la contaminación, y recordaba, tres meses antes de conocer la sanción impuesta ayer, que esta multinacional petrolífera ha sido sancionada en dos ocasiones por el Gobierno de España, a través de dos Consejos de Ministros en 2009, por vertidos ocasionados precisamente en la provincia de Tarragona. Estas sanciones reiteradas a Repsol contrastan abiertamente con la propaganda que la petrolera realiza sobre sus "protocolos de responsabilidad medioambiental" ya que, de manera sorprendente, la compañía publicita la seguridad de sus operaciones en Canarias poniendo como ejemplo las "buenas prácticas ambientales" que implementa en Tarragona.
En este sentido, es preciso recordar que Repsol ha provocado más de 7.000 vertidos en un plazo inferior a cinco años, y sólo en el presente 2013 ha registrado un derrame de crudo en la costa de Perú y un escape de 25.000 litros de petróleo en el Delta del río Colville, en Alaska, en el mismo lugar en que en febrero de 2012 se vio obligada a abandonar dos pozos tras verter más de 15.000 toneladas por una explosión inducida a causa de una fuga de gas en la instalación.
