Los socialistas lanzaroteños exigen al consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, mediante un comunicado, que se retracte de sus declaraciones referentes a que “todos los hoteles cuya licencia se ha anulado tendrán una solución dentro de la legalidad", las cuales, a juicio de los socialistas, "constituyen una prevaricación intelectual y una burla a la ley”.
El propio consejero, en declaraciones hechas este lunes al programa El Despertador de la 95.8 dijo, preguntado por si está estudiando caso por caso, que “la verdad es que han salido muchas sentencias y yo las he visto casi todas, o prácticamente todas, y hemos llegado a esa conclusión, de que no son irreversibles los efectos de la sentencia sino que simplemente hay que retrotraer al momento donde se produjo el fallo administrativo”.
Ahora bien -señaló- “hay que ver por qué se produjo ese fallo administrativo; si ese fallo administrativo se produjo porque, por ejemplo, le falta un informe y ese informe no se pone porque (...) tendría que ser necesariamente negativo pues la cosa se puede complicar; pero, en cualquier caso, creo que la mayoría de los casos están acordes con el planeamiento y por tanto, se podrá simplemente retrotraer el expediente y con la matización ésta que intentamos poner en la ley de que no les son aplicables los efectos posteriores al momento en que fueron otorgadas las sentencias, me refiero de la moratoria turística, pueden legalizarse perfectamente”.
Según explicó Berriel, “no somos tan ticos como para demoler lo que está hecho y que pueda ser legalizado; esto no sería razonable; sería desproporcionado y sería, además, una extensión más allá de lo que dice la sentencia; las sentencias no dan normalmente esa consecuencia de forma inmediata”.
El consejero asegura que “el que una sentencia anule una licencia no significa que haya que tirar un hotel, significa que hay que cumplir lo que dice la sentencia; si la sentencia lo que dice es que se anula por defectos formales, como son la mayoría, por no haber tenido informes jurídicos o por faltarle algún requisito esencial para otorgar la licencia pues tiene que retrotraerse el expediente hasta ese momento e iniciar de nuevo todo el proceso de la licencia”.
Manifestó además que en la Ley de Medidas Urgentes se "matice esta necesidad de obtener las autorizaciones previas para poder obtener la licencia porque en el momento en que fueron otorgadas seguramente no eran necesarias tener la autorización previa (...)”.
Los socialistas, por su parte, “muestran su repulsa y su indignación tras las declaraciones efectuadas por Berriel, el cual se atrevió a decir que `yo no les llamaría establecimientos ilegales. Tienen licencias anuladas por cuestiones formales y lo que habrá que hacer es retrotraer los expdientes`”.
Además- añaden- “avisó que la Ley de Medidas Urgentes del Turismo dará una salida que facilitará la legalización de los hoteles y complejos turísticos con licencias anuladas en la Isla”.
Ante estas declaraciones, los socialistas se preguntan si no será “que Domingo Berriel ha confundido el Estado de Derecho con el Estado de Derechas, en el cual, cuando los pudientes infringen la Ley, la Ley se cambia, mientras que a un ciudadano normal se le demuele y sanciona con tres veces el valor de la obra ilegal”.
Añaden además que “como muestra del desprecio por el Estado de Derecho, Berriel se arroga una capacidad, la de cambiar las leyes, que está en manos del Parlamento Autonómico y del propio Cabildo de Lanzarote, en el caso del Plan Insular de Ordenación”.
Sorprende -dicen- "que estas declaraciones las haga quien, además de consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, es el responsable directo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, la cual, a día de hoy, no ha iniciado ningún expediente por las edificaciones ilegales en suelo turístico, incluyendo las proyectadas e iniciadas en el extinto Plan Parcial Playa Blanca y las pretendidas por Costa Roja en suelo no sectarizado, no programado, limitándose a la persecución de las edificaciones en rústico".
Dicen por otro lado que "el atrevimiento de Domingo Berriel al pretender resumir la situación de ilegalidad a cuestiones formales, constituye un ejercicio de cinismo y desprecio por la norma fundamental en materia de ordenación del territorio, el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote".
Según exponen "el Piol constituye la cúspide del ordenamiento insular, colgando del mismo el resto de planeamientos; sólo por ignorancia o complicidad se puede pretender que incumplir lo dispuesto por el PIOL es una mera cuestión formal, cuando el informe de compatibilidad con el PIOL constituye un elemento sustantivo a la hora de conceder la licencia, toda vez que el citado informe es preceptivo y vinculante".
Sostienen en este sentido que "sólo desde el mayor de los desprecios al Cabildo y a las normas que de él emanan, se pueden entender las declaraciones de Domingo Berriel".
