El consejero de Centros Turísticos, Carlos Espino, en una rueda de prensa. Archivo.
La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, ha resuelto conceder una gratificación, “por una sola vez y con carácter no consolidable”, de 9.900 euros a José Manuel Páez Álvarez “en función de las circunstancias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y objetivos asignados por el Sr. Consejero de los Centros Turísticos, con cargo a los fondos de la EPEL”, tal y como reza en la resolución de 5 septiembre de 2008. La gratificación, que tiene visto bueno de Intervención, está inspirada en una propuesta de Carlos Espino “para retribuir el rendimiento y esfuerzo, así como la ampliación de su jornada normal de trabajo, realizada en la EPEL de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, a partir del día 01 de octubre de 2007”. Los grupos de la oposición criticaron en su día al consejero por cesar sin mayores argumentos al director gerente de los Centros Turísticos; José Juan Lorenzo, advirtiendo que la mayor fuente de ingresos de la Corporación tenía el camino expedito para politizarse.
Críticas del PNL
El Partido Nacionalista de Lanzarote denuncia "gratificaciones de carácter político de la presidenta del Cabildo" y tacha de "escandalosa" la gratificación a Páez a instancias de Carlos Espino. El PNL recuerda que el Sr. Páez es persona de confianza del consejero de Centros Turísticos y además "hizo uso indebido de una tarjeta de visita en la que atribuía funciones de director de Desarrollo de los Centros Turísticos, cargo que no sólo no tenía asiganado sino que además es un puesto que no existe en el organigrama de los Centros Turísticos".
Moción del PP
De otra parte, el PP ha presentado una moción para que el Pleno del Cabildo acuerde que todas las adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad se resuelvan en la Mesa de Contratación. El Grupo Popular dice que en ocasiones se han suscitado dudas entre las empresas contratistas al considerar que no queda claramente reflejado que se respetan los principios de publicidad y concurrencia. Según el PP, la fórmula propuesta permitiría una mayor fiscalización del dinero público. La Ley de Contratos del Sector Público establece que podrá contratarse por procedimiento negociado aquellos suministros y servicios que superen los 18.000 euros y tengan una cuantía máxima de 60.000 euros y, en el caso de obras, se cifra en 50.000 el mínimo y en 200.000 el máximo. En ambos casos la Ley obliga a solicitar ofertas al meneos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto contratado.
