Lo de Inalsa tiene difícil explicación. No nos extraña que el foro de opinión de nuestro periódico se llenase el pasado viernes con cientos de comentarios de indignados ciudadanos que no entienden cómo se ha podido meter la pata de semejante forma. No es para menos que la gente esté que se sube por las paredes, porque la diferencia entre lo público y lo privado, entre Inalsa y Endesa, es más que evidente. También conocer la diferencia entre un error técnico del Cabildo o del Gobierno canario lo era.
Lo dijimos la pasada semana y lo repetimos ahora: lo que siempre hemos querido, que es lo que entendemos que deben querer todos los ciudadanos de Lanzarote de bien y con algo de sentido común, es que el concurso del parque eólico se lo lleve Inalsa, no Unelco. Ahora bien, insistimos entonces y repetimos ahora que las cosas hay que hacerlas bien, sin atajos.
A tenor de lo expuesto el pasado viernes primero por el ingeniero Joaquín Pons y después por el consejero de Industria, Jorge Rodríguez, parece evidente que la metedura de pata, por decirlo finamente, ha corrido a cargo de los técnicos del Gobierno de Canarias.
Lo que más nos llama la atención en estos primeros renglones del análisis de este lunes es que ninguna de las partes se presentara en la rueda de prensa del pasado viernes con los documentos oficiales. ¿Nadie tiene copia del proyecto que se presentó, no habría sido más claro explicar gráficamente cuál fue la distancia entre aerogeneradores que se puso? Al margen de esta cuestión, a no ser que se demuestre lo contrario, el ridículo en el asunto lo han hecho los técnicos de la Administración autonómica, que son los responsables directos de haber generado un follón político y social en Lanzarote más que considerable. Es cierto que en Lanzarote no hace falta demasiada mecha para encender una enorme hoguera, pero en este caso el asunto, el calor en el debate, estaba más que justificado. Sobre todo porque había dos versiones absolutamente contrapuestas que necesitaban una aclaración. Y no parecía tan difícil hallarla, como sigue pareciendo a día de hoy cuando sigue habiendo dudas en el ambiente. Increíble.
El ingeniero Pons manifestó ante los medios de comunicación que la distancia exigida se ha respetado al milímetro. Siendo el diámetro de cada aspa de 71 metros, el espacio entre cada uno de los aerogeneradores en línea debe ser igual o mayor a 142 metros, justo la distancia prevista en la propuesta presentada por Inalsa. A la pregunta sobre si no era más seguro prever una distancia mayor de la mínima exigida, Pons respondió que se optó por los 142 metros “precisamente para obtener mayor puntuación en el concurso”, tal y como solicitaban las bases técnicas de la convocatoria. Así fue, de hecho, cómo se consiguió supuestamente la mejor puntuación posible, cumpliendo para ello todos los requisitos. Y es que al elaborar el proyecto, los redactores tuvieron que hacer un informe de autovaloración del mismo, según el cual “era imposible que ningún otro proyecto nos igualara en la calificación”, dijo en su comparecencia.
Una vez expuesta su versión, una vez que incluso desveló que los técnicos de la Consejería le habían adelantado en una reunión previa que eran conscientes de que habían metido la pata, sólo faltaba conocer qué decían los otros involucrados en el lío. Y aunque había ciertas esperanzas en determinados defensores de la postura oficial del Gobierno de Canarias en que el ingeniero Pons estuviera equivocado, lo cierto es que el consejero Jorge Rodríguez no vino sino a dar la razón al Cabildo. El consejero, como ya saben, admitió en su comparecencia ante los medios de Lanzarote que el Ejecutivo regional “pudo” haber cometido un error técnico en el proceso de evaluación de la propuesta presentada por Inalsa para acceder a la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos. “El error puede estar en el número de decimales que se están usando en las coordenadas”, sostuvo el consejero, quien defendió a capa y espada el trabajo desarrollado por el equipo técnico de la Consejería y tildó de “normal” que se puedan producir “discrepancias técnicas cuando se evalúan una gran cantidad de proyectos”.
Pues bien, no es “normal” como dijo el consejero que el equipo técnico, en un concurso que recuerden que viene viciado por la polémica como consecuencia de la anulación que se hizo del anterior proceso tras las denuncias por presunto trato de favor desde la Consejería que entonces dirigía el hermano de José Manuel Soria, Luis Soria (que no se olvide nadie que este tema todavía está en los tribunales de justicia y que no se olviden que un director general terminó en la cárcel por ello), cometiera un error de este calibre. Para excluir de la calificación a una empresa como Inalsa tendrían que haber estado seguros al cien por cien. No se podía echar por tierra las opciones de una empresa pública que cuenta con el respaldo institucional de toda la isla de Lanzarote sin estar convencidos de lo que se hacía. Y por lo que hemos visto y oído, los técnicos parece que no se miraron bien el proyecto. O sea, señor Rodríguez, que le honra que quiera defender a sus técnicos, pero no diga que es “normal” que se produzcan este tipo de errores. No es “normal”. Es como si un profesor de universidad suspende a un alumno por una falta de ortografía en un examen que no ha corregido y luego se da cuenta de que la falta de ortografía no era tal. El alumno merece que el profesor esté convencido de la falta, y de lo contrario, tiene todo el derecho a que le mire su examen como al resto. A que le vuelva a evaluar.
Rodríguez aseguró que si Inalsa tiene la razón el Gobierno no tendrá reparos en rectificar “con transparencia”. Esto es lo que más nos choca de este asunto. ¿A estas alturas siguen sin tener claro si Inalsa tiene razón? O la tiene o no la tiene, y está claro, porque de lo contrario no habrían admitido la metedura de pata, que la tiene.
No obstante, aclaró que de ser así la Comisión Técnica de Evaluación tendrá que ser convocada nuevamente para valorar una vez más el conjunto de las propuestas, incluida la de Inalsa, y emitir entonces, a más tardar el 7 de abril, una nueva resolución. Inalsa tiene un mes a partir del 7 de enero para presentar el recurso de reposición ante el consejero y el Gobierno goza de un plazo de 60 días para pronunciarse. Eso está bien, que no se tarde mucho en repetir el concurso, y a ser posible que no se vuelvan a equivocar, y a ser posible, si como todo indica Inalsa es la mejor candidata, que se lo den a la empresa pública.
El consejero de CC parecía estar muy molesto con los comentarios políticos. No debe estarlo, al menos no con todos. Sí tal vez con la desmedida reacción de nuestra presidenta, que se olvidó que milita en las filas de un partido estatal como es el PSOE cuando habló de “trato colonial”. A lo mejor le traicionó su subconsciente nacionalista y se pensó que todavía milita en el PNC. El caso, insistimos, es que las críticas políticas están más que justificadas, como lo estaban las del otro bando en el caso de que el error hubiera partido de Inalsa. Se trata de un tema lo suficientemente serio, señor Rodríguez, como para que nuestros representantes públicos tomen cartas en el asunto.
Y de eso va la parte siguiente, de pedir responsabilidades en el tema. Porque esto no puede quedar así. No puede ser que en todo un Gobierno autonómico se cometan errores de este calibre en concursos públicos tan importantes, algo similar a lo que hicieron con la adjudicación de la Televisión Digital Terrestre en Tenerife, concurso para el que no se llegó a reunir, como recoge la sentencia no firme del TSJC, la Mesa de Contratación. Si la principal Administración del Archipiélago va por este camino, ¿qué pueden esperar los ciudadanos de administraciones menores, administraciones con menos personal cualificado y con menos presupuesto?
Desconocemos este lunes, el día en el que arranca la semana, qué hará el PSOE en el Parlamento. Pero está claro que chapuzas de este calibre tienen que tener el castigo correspondiente. No sabemos si en forma de dimisión, en forma de destitución o en forma de reprimenda a los técnicos. Algo tiene que suceder. La sociedad de Lanzarote, que recordemos que es la propietaria de Inalsa (no lo es ni el PIL ni el PSOE como algunos quieren hacer ver), merece una respuesta, y, sobre todo, merece una satisfacción por los días que le han hecho pasar los unos y los otros, especialmente los otros.
