El profesor demandante, Rafael Ramírez, junto a su abogado, Francisco Navarro, este martes durante la rueda de prensa.
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias deberá pagar 30.000 euros de "indemnización por daños morales" a un profesor de religión y representante laboral cuya libertad sindical vulneró con reiteradas medidas ilegales, según una sentencia del Tribunal Constitucional.
AGENCIAS
Una sentencia que declara probada la "actitud antisindical" de la Consejería en su trato al docente y sindicalista Rafael Ramírez, ya corroborada como tal por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria y por el Tribunal Supremo, y, en contra del parecer de este último, ordena que los daños morales que sufrió sean compensados con la referida indemnización.
Así lo anunciaron este martes el propio Rafael Ramírez y su abogado, Francisco Navarro, en una rueda de prensa que, en nombre de su organización sindical, la Confederación Canaria de Trabajadores, convocaron en Las Palmas de Gran Canaria para hacer pública esa sentencia, emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional el pasado 31 de julio.
Francisco Navarro subrayó la importancia de esa decisión en la medida en que -explicó- posibilita que "no quede impune la actitud antidemocrática de la Consejería de Educación, que tendrá ahora que pagar por sus acciones inconstitucionales".
Acciones que concretó se iniciaron cuando, en el año 2001, Rafael Ramírez se significó como dirigente de las movilizaciones de profesores de religión que, tras décadas de servicio en algunos casos, exigían una condición de personal fijo de la Administración que tenían de facto, frente a la incertidumbre de tener que ser confirmados cada año en sus puestos por el obispado.
Ante esa posición de Ramírez, la Consejería, primero "le prohibió acudir a las reuniones del comité de empresa", después, le sometió a un "traslado forzoso" de su puesto de trabajo, a continuación le redujo a la mitad su jornada laboral y, en consecuencia, el sueldo, y, por último, le echó, mediante un despido que ya tiempo atrás declararon nulo los tribunales, que decretaron su readmisión, dijo.
Esa sucesión de hechos revela, según recalcó Navarro, que los responsables de la administración educativa autonómica "no han desistido de su actitud inconstitucional pese a los distintos fallos jurídicos que ya acumula en su contra".
Por ello, el abogado se felicitó de que el tribunal ahora haya confirmado que deberá pagar una multa "ejemplarizante", desde la esperanza de que contribuya a que la Consejería modifique su forma de actuar.
Forma de actuar que tachó de "lamentable", en la medida en que -argumentó- "no se puede consentir que quienes se jactan de defender los principios democráticos cuando se presentan a las elecciones, desde el Gobierno se dediquen no sólo a obviar, sino incluso a vulnerar esos principios".
Rafael Ramírez, no obstante, dudó de que esa actitud varíe después de esta sentencia, puesto que, según relató, sus pleitos en los tribunales con la Consejería aún no han terminado, y la semana próxima tendrá que acudir a una nueva vista de "otro juicio por vulneración de derechos sindicales".
Aseguró, en cualquier caso, que, aunque "la represalia sigue todavía", él tampoco cederá en su exigencia del respeto a sus derechos sindicales, que dijo "empleo no en beneficio mío, sino en defensa de la legalidad y contra quienes no la respetan".
