La mercantil Ledesdorfe S.L se ha propuesto impugnar todas las licencias urbanísticas, en su gran mayoría residenciales, otorgadas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise que no fueron recurridas por el Cabildo de Lanzarote a pesar de incumplir el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y otras normativas. Muchas de las viviendas están terminadas y habitadas. La sociedad demandante la integran empresarios afincados en Lanzarote, Gran Canaria y la Península con inversiones en la Isla de los Volcanes. Según Ledesdorfe, la andanada de pleitos, hasta ahora 118 de un total de 400 que promete interponer, pretende evitar que las ilegalidades queden en situación de fuera de ordenación, “con la anuencia del Cabildo”, y busca el mismo trato ante la Justicia a todas las irregularidades urbanísticas cometidas en Lanzarote. Sólo en el municipio de Teguise, los 13 recursos ya presentados contra los permisos concedidos por el Ayuntamiento de La Villa afectan a 102 viviendas de Costa Teguise así como a más de 30 locales comerciales y aparcamientos localizados en este núcleo. Destaca la impugnación al centro comercial de 28 locales promovido por Algol Desarrollo Inmobiliario y la demanda contra la licencia de la parcela 314 de esta misma firma, con 30 casas a medio hacer, conocida con el nombre de Residencial Las Mareas.
Los planes parciales de la Isla afectados por las demandas registradas por Ledesdorfe son: Montaña Roja, Costa Papagayo, San Marcial del Rubicón y Castillo del Águila, en el núcleo de Playa Blanca; Cortijo Viejo y Puerto Calero, en Puerto Calero; y Costa Teguise. En estos planes hay proyectos de Yudaya, Algol, Club Lanzarote y otros promotores. Los empresarios que apoyan a Ledesdorfe exigen al Cabildo “reglas claras e iguales para todos” y hacen pública su queja al entender que los recursos interpuestos por la Primera Corporación insular obedecen a criterios políticos y no de legalidad.
Los empresarios Juan Francisco Rosa, Antonio Curbelo, Marco López, Alfredo Díaz y Federico Díaz de Aguilar manifiestan que ni quieren chantajear al Cabildo ni su pretensión es lograr una amnistía general. “Si las licencias adolecen de un problema formal que afecta a cientos de establecimientos, que se derriben todos o se legalicen todos subsanando los defectos”, dicen estos emprendedores turísticos que se sienten perseguidos y aseguran estar hartos de “la hipocresía y arbitrariedad del Cabildo”.
El enredo del Cabildo
Los empresarios creen que el Cabildo se ha metido en tal maraña que ahora no sabe qué hacer, primero rechazó tajantemente la regularización de los establecimientos alojativos con errores subsanables a través de la Ley de Medidas Urgentes promovida por el Gobierno de Canarias y ahora presenta una iniciativa legislativa para conseguir el mismo objetivo. La inseguridad jurídica con la que trabajan en la Isla y la dilatada solución al problema con promesas sin materializar, destacan, les han hecho romper el silencio y entrar abiertamente en el debate. El Cabildo tiene una papa caliente: las construcciones residenciales. “Sabe que si recurriera las cientos de licencias que considera ilegales -también por motivos formales y perfectamente subsanables- sumiría a la Isla en un caos; así que de forma arbitraria ha ido contra unos y no contra otros”.
Los empresarios recuerdan que hace casi diez años el Cabildo de Lanzarote inició una serie de procedimientos judiciales contra la construcción de hoteles porque planeaba aprobar una revisión del Plan Insular que no incluía esa nueva planta hotelera. Posteriormente, cuestionó también cientos de licencias residenciales otorgadas por diferentes Ayuntamientos de la Isla, pero prácticamente sólo impugnó las del plan parcial Playa Blanca, a pesar de que la Revisión del PIOT del año 2000, hoy vigente, había incorporado este plan.
