Los grupos políticos de la oposición en el Cabildo insular de Lanzarote exigieron unánimemente este martes a la presidenta, Manuela Armas, que explique las razones por las que la Primera Corporación insular dejó de impugnar unas 300 licencias concedidas en los municipios de Yaiza y Teguise entre los años 1998 y 2008, contra las que la Primera Corporación no se personó judicialmente a pesar de haber detectado también irregularidades.
“La justificación que nos dieron en su día para impugnar solo 27 de las 415 licencias concedidas por Yaiza se basó en que faltaba personal para poder actuar sobre otras licencias que también se entendían como irregulares”, sostuvo este martes en El Despertador, de Agustín Acosta Radio, el portavoz del Partido Popular (PP), Francisco Cabrera. “La falta de personal no puede ser un fundamento de peso, y si no, que hubieran acudido al Gobierno de Canarias, al que ahora sí atribuyen la responsabilidad de la ordenación territorial”, alegó.
Por su parte, el portavoz del Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC) recordó que el actual grupo de gobierno ha negociado con empresarios con licencias impugnadas y también con empresarios cuyas concesiones otorgadas no habían sido recurridas todavía. “El pueblo de Lanzarote todavía no sabe a estas alturas a cambio de qué se ha compensado cada una de esas ilegalidades”, afirmó. “Si hay procedimientos administrativos que puedan solucionar estos conflictos, pues que se arregle, y si se adolece de procedimientos administrativos en otros casos, pues que se adopte una decisión judicial o que se derribe. Nosotros siempre le hemos pedido a la presidenta que se deje de echar por tierra la imagen de la isla de Lanzarote, pero la presidenta solo trata de mantener una situación de incertidumbre para así poder negociar uno a uno con los empresarios afectados”, agregó.
Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria (CC), Marci Acuña, destacó que es muy curioso que para evitar el colapso administrativo en la Oficina del PIOT se recurran unas licencias selectivamente pero no otras, y sin que a estas alturas ni la presidenta ni el equipo de gobierno hayan explicado qué criterios se han seguido para elegir unas licencias y desechar otras”.
Para los nacionalistas, “con esta actitud del pacto de gobierno entre PIL-PSOE, parece que ahora se está echando la responsabilidad a partes externas de la Corporación, cuando han sido ellos mismos desde el Cabildo quienes no han querido la colaboración del Gobierno de Canarias. No les interesa la solución de este problema”, dijo.
Por último, el portavoz del PIL, Manuel Cabrera, aseguró una vez más que tanto él como a su grupo político habrían preferido que la política de ordenación territorial se hubiera consensuado mucho más entre los dos socios de gobierno. “Al final se habla más de poesía que de hechos; ahora mismo la situación económica y turística en la Isla es muy mala, e insisto en que somos nosotros los que tenemos que buscar soluciones para los ciudadanos, pero para eso tenemos que ponernos primero de acuerdo, y no estar a más y más pleitos”, señaló. “No veo luz ni transparencia en ningún asunto”, concluyó.
Informes de la oficina del PIOT
A pesar de que el Cabildo ha impugnado una ínfima parte de las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza consideradas como ilegales, la Oficina Técnica del PIOT ha venido recordando al grupo de gobierno la necesidad de acometer nuevos procedimientos contra unas 372 licencias que quedaron sin recurrir.
Así, en uno de esos informes técnicos se señala literalmente: “El 5 de junio de 2006 el Cabildo insular de Lanzarote requería al Ayuntamiento de Yaiza para que anulara y revocase un total de 232 licencias urbanísticas concedidas en el municipio entre 1998 y 2005 por entenderlas contrarias al Plan Insular de Ordenación (PIOL). Tal requerimiento fue desestimado por el Ayuntamiento de Yaiza por silencio administrativo, motivo por el que el 3 de octubre de 2006 el director de la Oficina Técnica del PIOT del Cabildo emitió un informe, a instancias de la Presidencia, en el que le confirmaba la procedencia y conveniencia de impugnar ante los tribunales de justicia las licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza, advirtiendo, eso sí, que de llevar a cabo los procedimientos de las 232 licencias, se produciría un posible colapso administrativo para la oficina del PIOT. En vista de ello, se recomendó un criterio de preferencia y se aconsejó impugnar 13 licencias del Plan Parcial de Playa Blanca y las siguientes del mismo. Así, el 6 de octubre de 2006 la Presidencia del Cabildo acordó impugnar 19 de las 232 licencias consideradas como ilegales”, sin disponer qué hacer con las restantes licencias que, según el PIOT, también eran ilegales”.
Y es que, tal y como adelanta este domingo el diario La Provincia, la sociedad limitada Ledesdorfe prepara la presentación de 300 demandas contra otras tantas licencias urbanísticas concedidas en los municipios de Yaiza y Teguise entre los años 1998 y 2008. Los instigadores de este pleito masivo son empresarios afectados a su vez por litigios emprendidos por el Cabildo de Lanzarote contra licencias concedidas en el marco del Plan Parcial Playa Blanca. Su iniciativa pretende llevar a los juzgados centenares de licencias urbanísticas que el propio Cabildo consideró en su día como viciadas por irregularidades graves, pero que sin embargo no fueron impugnadas por la Corporación en los tribunales. Por su parte, de momento el Cabildo sólo ha alegado que no impugnó dichas licencias porque quería evitar un pleito masivo y un colapso en los juzgados.
