Como ya adelantó en su día el Comité de Empresa de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA), la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, está intentando descargar toda la responsabilidad de la mala situación que atraviesa la compañía en su consejera delegada, Plácida Guerra. Primero lo hizo con un comentario a los trabajadores y ahora lo ha hecho con dos cartas enviadas a Guerra y a las que ha tenido acceso este diario en las que, entre otras muchas cosas, le da un plazo de quince días para que presente un plan de saneamiento de la compañía. Sin embargo, esta vez la presidenta se ha topado con una respuesta contundente, puesto que la representante del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) le ha contestado con un duro escrito en el que le recuerda en primer lugar que ella, como máxima responsable de la empresa y del Consorcio del Agua, tiene que estar siempre al tanto de todo lo que sucede, reprochándole además el tono “deliberadamente distanciado” con el que parece quererse lavar las manos en todo lo que está sucediendo. Asimismo, le recuerda que ese plan de saneamiento que le pide con tanta rapidez ya ha sido aprobado por todos los órganos correspondientes, y no es otro que el Plan de Viabilidad y Modernización con el que ella misma estuvo de acuerdo al comienzo de su mandato.
La polémica gira epistolar se inicia con un escrito de la presidenta del Cabildo como presidenta a su vez del Consejo de Administración de Inalsa y del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote, escrito que tiene registro de salida del 13 de octubre pero que fue redactado el día 8. Explica en el primer párrafo, tras subrayar que es la “titular” del sesenta por ciento de la compañía, que le dirige la carta para “manifestarte mi enorme preocupación por la información recibida en el último Consejo de Administración con respecto a la deuda de la empresa y, en particular, a la mantenida con Unelco”. En un segundo párrafo añade que “cada vez que se me ha informado sobre el tema, tanto en el seno del Consejo de Administración, como en conversaciones informales, se me ha dicho que la situación con Unelco estaba en vías de solución”. “Tanto es así que, antes del verano, se puso en marcha una operación de aval que, se suponía, garantizaría el suministro de Unelco y permitiría el pago aplazado de la deuda”, indica.
De este modo, insistiendo en su preocupación, le comenta que “sin embargo, a día de hoy la deuda ha seguido aumentando y, según el letrado asesor del Consejo, Unelco ha emprendido acciones judiciales que pudieran suponer incluso la intervención judicial de Inalsa, algo que conocimos justo el día anterior y, precisamente, a través del acreedor, por lo que podrás entender el enorme malestar que siento ante esta situación”.
En el último párrafo de esta primera misiva la presidenta se muestra mucho más dura. “Siempre he insistido, tanto en el seno de los órganos de gobierno de Inalsa como en el Pleno del Cabildo de Lanzarote en la necesidad de priorizar las acciones contenidas en el Plan de Viabilidad; hoy, sin embargo, y a la vista de los acontecimientos, no me queda otro remedio que formalizar esa petición de priorizar en instrucciones concretas, en el sentido de comunicarte la imperiosa necesidad de que exijas al equipo técnico y jurídico de Inalsa que, en el plazo máximo de quince días, presente ante el Consejo de Administración un plan de saneamiento que permita garantizar que Inalsa continúe desempeñando sus funciones con total normalidad”, advierte, resaltando por último que “podrás entender que dicho plan habrá de contar, inexcusablemente, con la conformidad de Unelco y Aguas Filtradas, en su calidad de máximos acreedores de Inalsa”.
Segunda carta de la presidenta
En una segunda carta, con fecha de salida del 20 de octubre, Manuela Armas hace constar que ha recibido la copia del escrito formalizado por la UTE Edam Janubio ante el Juzgado de Primera Instancia Número 13 de Las Palmas y copia de una carta de reclamación de Aguas Filtradas. Así, manifiesta que “tanto en el Consejo de Administración de Inalsa como en los plenos del Cabildo y del Consejo de la Reserva de la Biosfera he defendido tu propuesta de solventar el contencioso con la UTE Edam Janubio mediante el abono de dos millones de euros”. “Por las informaciones que tú misma has dado ante el Consejo de Administración, quedamos a la espera del acuerdo definitivo de los plazos para el pago de dicha cantidad. Te ruego, por tanto, que me informes detalladamente de qué circunstancias han impedido seguir adelante con el principio de acuerdo que he defendido, basándome en las informaciones que de ti he recibido”, concreta.
Asimismo, Armas resalta que “en cuanto a Aguas Filtradas el Plan de Viabilidad contemplaba el pago en cuarenta mensualidades de la cantidad adeudada en el momento de la presentación del citado plan”. “Por lo que me trasladas, a día de hoy no se ha realizado pago alguno, por lo que me ratifico en lo ya expresado en mi escrito de 8 de octubre de 2008, en el sentido de que exijas al equipo técnico y jurídico de Inalsa que presente ante el Consejo de Administración un plan de saneamiento que permita garantizar que Inalsa continúe desempeñando sus funciones con total normalidad”, amenaza una vez más, para concluir diciendo que “podrás entender que dicho plan habrá de contar, inexcusablemente, con al conformidad de Unelco y Aguas Filtradas, en su calidad de máximos acreedores de Inalsa”.
Respuesta de Plácida Guerra
Ante el tono empleado y sobre todo ante la advertencia final, la consejera delegada de la compañía, que no hay que olvidar que es uno de los altos cargos del PIL, socio de gobierno del PSOE en la Primera Corporación insular, contesta en otra carta con registro de salida fechado el pasado 22 de octubre en la que apunta que tras leer el escrito de la presidenta “lo primero que he de indicarte es que comparto tu preocupación, en aras del interés general, de sanear a dicha empresa pública que, reproduciendo un modelo extraordinariamente extendido en todo el territorio del Estado, ha prestado y presta tan importantes servicios a la sociedad lanzaroteña”, matizando que “esta es una preocupación compartida por todos los consejeros y por el cuadro laboral de la sociedad”.
En el segundo párrafo, en el que abandona la retórica y entra de lleno al asunto, Guerra dice que “no puedo dejar de expresarte mi sorpresa por el tono deliberadamente distanciado de tus escritos, por lo que he de recordarte que también eres administradora de Inalsa y que, en tal responsabilidad, formulas sus cuentas que luego, como miembro de su Junta General, asimismo apruebas, debiéndose tener bien presente que el Consejo de Administración de Inalsa que presides conoce y resuelve todos los asuntos importantes que afectan a la actividad de la empresa, por lo que dispones y siempre has dispuesto de toda la información relevante sobre la marcha de la misma, al igual que ha sucedido con tus predecesores en el cargo”.
Por lo que se refiere a la importante deuda con Unelco, Guerra dice que “no creo que pueda aportarte ni un solo dato que no conozcas”. “Como bien sabes, las negociaciones ante dicha compañía fueron llevadas a cabo por nuestro compañero de corporación en el Cabildo y miembro del Consejo de Administración de Inalsa, Don Carlos Espino, por lo que no dudo que tendrás información de primera mano de la situación real de las mismas”, remata.
De igual modo, le recuerda a la presidenta que en lo concerniente a las prioridades que deben aplicarse para sanear la situación de Inalsa “todas ellas vienen debidamente especificadas en el Plan de Viabilidad y Modernización de Inalsa, oportunamente aprobado por el Consejo de Administración y por la Asamblea del Consorcio de Aguas, entes que, reitero, están presididos por tu persona”. “Te recuerdo además que esas prioridades pasaban por materializar los avales que nos permiten garantizar el pago del consumo eléctrico y acogernos a tarifas eléctricas más ventajosas”, subraya.
En un último párrafo dice que “en orden a cumplir como primera medida con lo legalmente dispuesto, he solicitado a nuestros auditores que procedan urgentemente a remitirnos un informe que nos indique, dada la situación patrimonial de la empresa, si estamos en la obligación de convocar Junta General para solucionar el problema por alguna de las vías exigidas en la Ley de Sociedades Anónimas como en la Ley Concursal”.
