El ciudadano percibe que la Justicia camina a paso lento. En Canarias, tanto los jueces como el Gobierno regional identifican dos causas fundamentales: la movilidad laboral, dada en gran medida por la falta de jueces canarios, y el aumento considerable del número de pleitos en todas las jurisdicciones. Carolina Déniz, viceconsejera de Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional, que se reunió este viernes en la Isla con los funcionarios de la Administración de Justicia para informarles sobre la implantación de la nueva Oficina Judicial, y Agustín Azparren Lucas, director del III Encuentro de Jueces Canarios que se celebra en Playa Blanca hasta el sábado, coinciden en señalar los principales problemas de la estructura judicial de la Comunidad Autónoma. Azparren fue hasta el pasado 23 de octubre vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Exagerada interinidad
Cerca del 60 por ciento de los profesionales de la Justicia en Canarias son interinos y en el caso concreto de Lanzarote el porcentaje supera el 50 por ciento. Con estos datos difícilmente se pueden obtener resultados eficaces y encima hay poca estabilidad para jueces, forenses y trabajadores de la Administración de Justicia en general. Hay vacantes que duran dos o tres meses en cubrirse y los jóvenes canarios han demostrando poco interés por prepararse para ser jueces. Son necesarios al menos 10 años de estudio, cinco de la carrera de Derecho y cinco más de dedicación para las oposiciones. De los 4.400 jueces que hay en Canarias sólo 200 son nativos de la Comunidad. El Gobierno canario ha pedido al Ministerio de Justicia la competencia para poder convocar oposiciones, incluso, está dispuesto a incentivar a los profesionales para que estudien y se presenten a ellas. “Tenemos un plan para que a la gente no le cueste nada opositar”, comenta Déniz, quien confirma que el Estado está interesado en ceder la responsabilidad de convocar las oposiciones.
Oficina Judicial
Los primeros resultados de la implantación de la nueva Oficina Judicial en la Isla deberán palparse a final de año. El Gobierno pone en marcha dos experiencias piloto, una en Lanzarote y otra en Arona (Tenerife), por gozar ambos sitios de una óptima infraestructura física. Según Déniz, la Oficina pretende potenciar el trabajo en equipo y establecer vínculos fuertes de comunicación e información con los usuarios del aparato judicial. El proyecto de oficinas judiciales es una iniciativa de Estado que el Ejecutivo autonómico desea impulsar.
Politización del CGPJ
Es innegable, y así lo reconoce un profesional que estuvo siete años ejerciendo como vocal de CGPJ. En el encuentro que tuvo Crónicas con Agustín Azparren, nacido en la Laguna y juez desde el año 80, describió el Consejo como un “mini parlamento” en el que los vocales son claramente nombrados por el Partido Popular y el Partido Socialista. La preocupación de los jueces es que esta politización del órgano no se proyecte sobre su trabajo porque aseguran que para ser independiente a la hora de dictar sentencia sólo hace falta quererlo y en España, subraya Azparren, existen todas las garantías para que los jueces lo sean. Sin duda, es una preocupación generalizada entre los jueces y aunque en el programa del III Encuentro de Jueces Canarios no aparece el tema de la independencia del poder judicial, en los corrillos de las jornadas sí que se ha hablado del asunto. Azparren dice que el Ejecutivo aquí y en otros países siempre intenta controlar el resto de poderes. La gota que llenó el vaso ha sido el ‘caso Mariluz', cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió una sanción de tres años para el juez Rafael Tirado. Azparren confirmó a esta redacción que los jueces españoles ya han pensado en irse a la huelga, aunque primero tendrá que cerciorarse de que efectivamente puedan hacerlo. Expresamente no está permitido pero tampoco prohibido.
