La Ley de Medidas Urgentes podría ser aprobada por el pleno del Parlamento canario en el próximo mes de marzo. Será así si se cumplen todos los plazos previstos y no continúan “los actuales intentos de obstrucción por parte del Partido Socialista”. Lo explicó este jueves en el programa “El Despertador”, de la 95.8, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel. Postura del grupo parlamentario socialista que al parecer no coincide con el punto de vista de algunos alcaldes de la misma formación, “que nos llaman para ver si les resolvemos sus problemas de planeamiento”, indicó Berriel.
También el Cabildo de Lanzarote se ha mostrado descontento con lo que en unas alegaciones los socialistas conejeros han denominado como la desregulación de la protección del suelo rústico. Berriel insistió en que la Ley pretende facilitar la instalación de las explotaciones ganaderas y la actividad de los agricultores “sin que se sientan continuamente perseguidos”. “Con el criterio restrictivo de la norma actual la realidad es que hay muchas dificultades para el desarrollo de su actividad”. La Ley de Medidas Urgentes aligera las calificaciones territoriales, eliminándolas en el caso de pequeñas obras en unos casos y obligando al Cabildo, en los supuestos que sí sean necesarias, conceder estos permisos en un plazo máximo de tres meses, entendiendo su otorgamiento como positivo transcurrido dicho tiempo sin que haya respuesta.
Otro aspecto del nuevo marco territorial permitirá a los pequeños industriales adquirir parcelas de reducida superficie en polígonos donde en la actualidad no se contempla esta posibilidad, favoreciendo así el desarrollo económico y empresarial.
Legalización de El Golfo
La Ley permitirá además afrontar al fin la ordenación y legalización del asentamiento urbano de El Golfo, “que no es posible legalizar con la normativa jurídica actual”. Una iniciativa que sin duda recibirán con enorme satisfacción los vecinos de esta localidad, enfrentados hace tiempo con la Dirección general de Costas. “La Ley reconoce ese asentamiento histórico para darle seguridad jurídica a sus ciudadanos”, indicó Berriel.
Ampliación de La Santa Sport
Domingo Berriel señalo que la Ley recoge “las situaciones de interés general” como es el caso del proyecto para ampliación y remodelación del Hotel Club La Santa. El consejero recordó, como tantas veces ha insistido el alcalde de Tinajo, que el informe del Cabildo de Lanzarote para la declaración de la obra de interés general llegó fuera del plazo para ser aplicada con la Ley de Directrices en la mano. “El Gobierno se encontró con que no tenía amparo legal para aceptar la excepcionalidad de este proyecto”, añadió el responsable de Política Territorial.
La nueva ley territorial autoriza “nuevas plazas alojativas como fruto de la rehabilitación” que acometerá el establecimiento. Permitirá además que se pueda acometer la construcción de nuevas camas antes de rehabilitar las existentes. De lo contrario, habría que despedir a los trabajadores por la imposibilidad de seguir funcionando sin contar con las nuevas plazas para alojar a los visitantes.
Al hilo del proyecto de La Santa, El PSOE ha solicitado la comparecencia de Berriel en el Parlamento para que expliqué el trámite administrativo para la ampliación del Hotel de Tinajo.
Según un comunicado remitido a la redacción de este diario este jueves, el parlamentario lanzaroteño Manuel Fajardo considera necesario conocer la postura del máximo responsable de Política Territorial en el Archipiélago dada la diferencia de trato que el Gobierno de Canarias hace respecto al proyecto de La Santa frente a los proyectos aprobados por el Ejecutivo en marzo de 2007. Según Fajardo, el Gobierno de Canarias, que no ha dudado en hacer valer el interés público de la urbanización de Anfi Tauro en otras islas, siempre ha rechazado la ampliación de La Santa, sin apenas valorar el beneficio que supondría para Lanzarote en el sector turístico- deportivo".
Las 300 demandas territoriales
Domingo Berriel se refirió a las cerca de 300 demandas que presentarán un grupo de empresarios que se consideran agraviados por la Institución insular. Demandas contra el otorgamiento de licencias por parte de Cabildo y ayuntamientos tanto a camas turísticas como residenciales. Recordó en este sentido que en su día el Cabildo se negó a negociar las condiciones de regularización que bien podrían haberse aplicado para estos y otros casos similares en Lanzarote. “El Gobierno fue sometido entonces a una crítica feroz. El consejero Espino me llamó de todo, como si quisiéramos cometer ilegalidades”, dijo el consejero nacionalista. “Ya entonces el Gobierno advirtió de que si no había consenso institucional en Lanzarote no pondríamos nada en la Ley. Y así ha sido. No hay nada para la solución en Lanzarote de estos gravísimos problemas”.
