Un grupo de empresarios se ha dirigido al Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Arrecife para denunciar ciertas irregularidades que aseguran que han detectado en el Centro Comercial Argana Centro y también en la Unidad de Actuación Número 12 de este mismo barrio de la capital de la Isla, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Estos empresarios, además, aseguran que están dispuestos a acudir a la Fiscalía si perciben que los diferentes dirigentes políticos de las instituciones implicadas en la tramitación de los permisos siguen por la senda por la que están transitando en los últimos años.
En sendos documentos, a los que Crónicas ha tenido acceso, estos empresarios alegan, por un lado, que es inconcebible la gestión que ha hecho el grupo de gobierno de Arrecife sobre la concesión al centro comercial de Argana. "Primero se dio licencia a un centro comercial sin que se desarrollara el plan parcial, lo que es manifiestamente ilegal si el plan parcial no está desarrollado", sostienen. Segundo, agregan, "el Plan General de Arrecife cataloga la zona como homogénea 9 de uso industrial e impide expresamente el uso comercial intensivo, salvo que se modifique el Plan General mediante una modificación puntual. En una zona industrial no se puede dar suelo comercial intensivo porque de facto se está recalificando un terreno dándole más valor y congestionando la zona. Un pelotazo inmobiliario", sostienen. Tercero: los empresarios en cuestión explican que al haber dado licencias antes de desarrollarse el plan parcial, en contra de los usos, se está dando cobertura legal a las ilegalidades cometidas".
Este grupo de empresarios señala que los mismos técnicos que emitieron los informes para hacer el centro comercial Argana Centro sin plan parcial en una zona industrial no pueden ser los mismos técnicos que emitan ahora informes porque "de hecho lo que están es cubriéndose sus actuaciones pasadas". En este sentido, solicitan la recusación de los mismos.
Los denunciantes califican estas actuaciones de "urbanismo a la carta", cuando aseguran que "el propio alcalde ya sabe cuáles son las operaciones inmobiliarias que se van a realizar y sabe cuáles son las empresas que se van a beneficiar y qué promotores venden el qué a quién". A su juicio, el plan parcial infringe el principio de jerarquía normativa y arguyen que "con un plan parcial pretenden evitar un plan general que lo impide".
A su vez, expresan su queja al considerar que "se está tratando el plan como si de un propietario único se tratase. (...) No se puede aprobar el convenio sin crear una unidad urbanística (junta de compensación) o, lo que es lo mismo, se está ningunenando al propietario, el Ayuntamiento de Arrecife, permitiéndolo todo (..) La propuesta no la han presentado todos los propietarios, sino uno solo, obviando el interés del Ayuntamiento. Y la asignación de parcelas es manifiestamente ilegal. El uso industrial es para el Ayuntamiento (terrenos más baratos) mientras que los comerciales intensivos (los más caros) son para los particulares".
Unidad de Actuación Número 12 de Arrecife
Además, los mismos empresarios que denuncian estas prácticas han registrado también una denuncia el pasado 4 de febrero en el Cabildo insular de Lanzarote acerca de la Unidad de Actuación Número 12 de Arrecife. Se dirigen a la Ponencia técnica de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, y aseguran que hay "graves irregularidades cometidas en la tramitación y aprobación municipal del Plan Parcial de la Unidad de Actuación Número 12 de Arrecife, "con el que se pretenden subvertir las claras y expresas determinaciones y condiciones que el Plan General de Ordenación de Arrecife estableció para el desarrollo de dicho ámbito de suelo, a fin de acomodarlo a las pretensiones e intereses privados de tres grandes multinacionales comerciales que quieren implantarse en el centro de Arrecife utilizando un suelo expresamente reservado por el Plan General para uso industrial en el que se pretende desarrollar, no solo un gran uso comercial, sino implantar el uso comercial más intensivo y estructurante que podría ejecutarse en el municipio". En este punto, hablan de una "ordenación a la carta" para facilitar la entrada de las empresas comerciales privadas 'Decathlón, Leroy Merlin y Mercadona, "además de un enorme Centro Comercial ilegalmente ejecutado y abierto al público en ese suelo que se pretende legalizar con el plan parcial de marras, mediante ilícita alteración, por la vía del Plan Parcial que lo desarrolla, de los usos claramente establecidos en el Plan General para dicho ámbito de sueloo, convirtiéndolo de facto", concluyen, "en predominantemente comercial a través del planeamiento de desarrollo".
Por último, critican que no haya habido respuesta municipal ante el escrito que estos empresarios presentaron el pasado 5 de octubre de 2012 denunciando "las numerosas ilegalidades que con la aprobación provisional de este plan parcial se están cometiendo, tras anunciarse en el Boletón Oficial de La Provincia (BOP) el pasado 8 de agosto de 2012".
