El Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) lleva casi tres meses esperando que la presidenta del Cabildo le entregue la información solicitada sobre los expedientes de los hoteles con licencias impugnadas, pero ya está por creer que no quiere entregársela. Juan Carlos Becerra sospecha que el Cabildo actuó con diferentes varas de medir “en función de municipios e incluso de personas”. Le extraña a Becerra que del volumen de licencias remitidas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise al Cabildo sólo hubiese impugnado un poco más de veinte “cuando todas estaban en una situación similar”. El PNL, que ha pedido el informe para saber con exactitud los criterios seguidos por la Primera Corporación insular, ha dado un segundo aviso al grupo de gobierno porque “se nos está vulnerando nuestro derecho a estar informados”.
“¿Transparencia?”
De persistir la actitud de Manuela Armas, el PNL se acogerá a los mecanismos reglados para poder acceder a la información. “Creemos que si no hay nada que ocultar no tienen que retrasar la entrega de información a la oposición”, máxime, subraya Becerra, si el grupo de gobierno habla de transparencia, democracia y participación. “La mayoría de los planeamientos municipales no están adaptados al PIOT y por tanto todas las licencias concedidas por ayuntamientos estarían en la misma circunstancia que las que se han impugnado”, dice Becerra, para quien la acción del Cabildo no ha sido otra cosa que un “ataque” directo a los ayuntamientos de Yaiza y Teguise.
Por su parte, Pedro de Armas, secretario general del PNL, hace un llamamiento al Cabildo para que de una vez por todas adopte un acuerdo y aproveche el trámite parlamentario de la Ley de Medidas Urgentes para buscar una salida a la regularización de aquellos hoteles que se puedan legalizar. “Quienes gobiernan en Lanzarote están en la obligación de buscarle solución a los problemas porque la soluciones no vienen por inspiración divina”, comenta De Armas.
