El juez de lo Mercantil que supervisa la administración concursal de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) ha dado el visto bueno este viernes por la mañana durante la celebración de la Junta de Acreedores al convenio planteado para liquidar las deudas de la compañía, según han adelantado a Crónicas fuentes del caso.
La noticia supone, según las fuentes consultadas, el final del largo proceso que se ha llevado a cabo durante los últimos años, y fin sobre todo a la polémica de la última semana sobre el cruce de informes de los interventores del Consorcio y Tías y del consultor externo consultado por el Cabildo.
El visto bueno del juez se ha producido, eso sí, durante la reunión que se celebra por la mañana en las Palmas, aunque el juez de lo Mecantil todavía tendrá que dictar auto por escrito.
El acuerdo alcanzado en la Junta de Acreedores supone un ahorro de 9 millones de euros para el Consorcio del Agua de Lanzarote, que deberá abonar 36 millones, evitando así los embargos de anteriores administradores. Cabe recordar que, de manera preventiva, el Juzgado de lo Mercantil decretó el embargado del patrimonio personal de los gestores de Inalsa y los miembros de su consejo de Administración para hacer frente a sus posibles responsabilidad patrimoniales en este proceso de intervención judicial de Inalsa, la mayor empresa pública en la historia de Lanzarote.
Cruce de informes
Justo antes de la Junta de Acreedores celebrada este viernes, a la que el presidente del Cabildo y del Consorcio insular de Aguas, Pedro San Ginés, acudió mandatado por el Consorcio, el PP había denunciado que el máximo dirigente de la Primera Corporación lanzaroteña se aferraba a un informe externo e "invalidaba" el de la Intervención del Ayuntamiento de Tías por considerarlo “extemporáneo”. Y es que el alcalde de Tías, Pancho Hernández, presentó este jueves por la mañana ante la Asamblea General este dictamen, suscrito también de forma mancomunada por el secretario municipal de Tías, en el que se afirmaba que las deudas millonarias de Inalsa son responsabilidad de sus administradores, y no de los Ayuntamientos y Cabildo.
El presidente y los alcaldes de CC y PSOE desecharon el informe que ha elaborado un funcionario del Estado, "objetivo e imparcial" según el PP, en favor del que se ha realizado "a la carta". Los dos informes se han presentado al mismo tiempo y en la misma Asamblea de este jueves.
Versión del Consorcio
Cumpliendo con el mandato de la Asamblea del Consorcio del Agua convocada este jueves, el presidente del Consorcio entregó al juez en la Junta de Acreedores copia tanto de los informes de la ex interventora del Consorcio, como del Ayuntamiento de Tías y el encargado por el ente local al experto en Administraciones Públicas, Pedro Lasso.
Asimismo, el presidente, quien entregó certificación del contenido íntegro de las actas de las Asambleas celebradas el 3 de junio y el 11 de julio, tomó la palabra en el transcurso de la Junta, para informar al juez que tras la Asamblea del Consorcio celebrada el día 3 de junio, en la que se le facultó nuevamente para suscribir la propuesta de convenio acordada con los acreedores -sin que la ya ex interventora del Consorcio pusiera entonces reparo alguno- "sorpresivamente", presentó días después un informe cuestionando la legalidad de la fórmula de pago propuesta.
Igualmente, informó que en la Asamblea celebrada el 11 de julio los miembros del Consorcio tomaron conocimiento de los tres informes referidos acordando seguir adelante con el procedimiento para que sea el juez quien tenga la última palabra al respecto.
Cabe destacar que en la Junta de Acreedores, el cien por cien de los presentes votaron a favor de la propuesta de convenio presentada por el Consorcio. Un acuerdo que supondrá para el Consorcio del Agua de Lanzarote un ahorro del 21,72% de la deuda, es decir, una quita de la deuda que asciende a casi 9 millones de euros.
A partir de ahora, será por tanto, al juez de lo Mercantil a quien corresponde determinar si efectivamente la propuesta de convenio y la cesión a los acreedores de los derechos de crédito que ostenta el Consorcio sobre el Canal de Isabel II se ajusta o no a derecho.
