La Audiencia Provincial de Las Palmas ya tiene juicios que afectan a personas de Lanzarote señalados para el mes de mayo, pero estos se celebrarán en Gran Canaria. Ante esta situación, que augura que la supresión de la Sección Bis en Lanzarote anunciada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es más que firme, corporaciones como el Cabildo insular de Lanzarote o el Colegio Oficial Abogados de Lanzarote han tomado cartas en el asunto.
Por un lado, en el pleno ordinario que celebró el Cabildo este jueves, se debatieron, entre otros asuntos, la necesidad de que la Audiencia Provincial de Las Palmas regrese a Lanzarote. Al final del debate, tanto el Partido Socialista (PSC) desde la oposición como el grupo de gobierno se han puesto de acuerdo, y han unido las mociones de cada partido presentaba. Como resultado, el Pleno del Cabildo solicitará que se abonen los desplazamientos de las partes implicadas en juicios que se tengan que celebrar en Gran Canaria, como proponían los socialistas, y que se restituya la actividad habitual de la Sección Bis en Lanzarote, como pedían los cuatro partidos del Gobierno insular.
Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Abogados de la Isla, Francisco Torres Stinga, ha anunciado, tras mantener varias reuniones con representantes de la Administración de Justicia y no ver ningún atisbo de esperanza en que se restituya la actividad de la Audiencia en la Isla, que se tomarán medidas más contundentes si no se observa intención, por parte del poder judicial, de restituir los juicios de la Audiencia Provincial en Lanzarote.
Los juicios de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria
"Hemos dirigido escrito al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Consejo General del Poder Judicial para que se reconduzca la presencia de la Sección Bis en Lanzarote, cuya actividad se ha repartido entre las secciones Primera, Segunda y Sexta", afirmó. El decano advirtió de que "en mayo hay señalados juicios que se celebrarán en Las Palmas de Gran Canaria".
Por ello, dijo que espera y desea "que esto se reconduzca, porque si no, vamos a tener que tomar otro tipo de medidas. Cuando de lo que se trata es de crear nuevas unidades judiciales para mejorar servicio, y lo que se hace en Lanzarote es restringir el servicio disolviendo una unidad judicial, lo que se produce es una merma de los derechos de los ciudadanos, que no podemos asumir y ante lo que no podemos estar callados", concluyó.
