Fotos: Dory Hernández
Habrá legalización de los hoteles irregulares de Lanzarote. Tras muchas idas y venidas, acuerdos y desacuerdos, reuniones con unos y otros, parece ser que el Cabildo de Lanzarote se ha propuesto un calendario para “abrir una vía extraordinaria” y permitir “legalizar lo legalizable”. No lo quiso hacer a través de la Ley de Medidas Urgentes, empeñado en establecer sus propios criterios de compensación para los empresarios, pero ahora negociará en primera instancia con el Gobierno de Canarias para resolver de una vez un problema del que se habla demasiado y para cuyo desatasco se hace más bien poco.
La intención del grupo de gobierno es establecer criterios de “interés público”, o sea, compensaciones, en la revisión del Plan Insular en el que se está trabajando en la actualidad. Lo adelantó este jueves en rueda de prensa la presidenta de la Institución y consejera de Política Territorial, Manuela Armas.
Compensaciones
El informe de más de 200 páginas del Cabildo presentado el pasado viernes en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, diagnóstico que desentraña las irregularidades cometidas por los hoteles uno por uno, será el que sirva de base para concretar las compensaciones que deberán asumir cada uno de los establecimientos. “La legalización de estos hoteles por la vía ordinaria es inviable con las actuales leyes”, dijo Armas. Y por ello, será la revisión del PIOT el marco en el que se buscarán las modificaciones pertinentes para cambiar la situación actual.
“La modificación del planeamiento insular sólo podrá hacerse” en el marco del interés general. Éste, a su vez, irá en congruencia con “los tres ejes que establece” la estrategia territorial del Cabildo. Y en función de estos ejes, que son “contención de crecimiento, calidad de la oferta turística y buen equipamiento”, irán las compensaciones que permitirán la modificación del planeamiento.
Reunión de la comisión mixta
La próxima semana tendrá lugar la primera reunión de una comisión mixta entre técnicos y juristas del Cabildo y Gobierno regional para establecer criterios de interés público y compensaciones que permitan modificar el planeamiento insular a fin de dar cabida a “todo lo legalizable”.
Crítica a la Ley de Medidas Urgentes
En la misma línea que la Fundación César Manrique, el Cabildo sigue con duras críticas hacia la Ley de Medidas Urgentes en su vertiente turística. “La Disposición Adicional Tercera ataca de manera frontal los deseos de Lanzarote”, dijo Manuela Armas. Dicha disposición “dice que los informes que da el PIOT no serían vinculantes para este tipo de establecimientos, porque” los planes insulares “no están adaptados a la Ley de Directrices”.
“No hay dos varas de medir”
Estos días se ha vuelto a hablar mucho sobre “las dos varas de medir” del Cabildo, que le retiró en su día los pleitos a algunos establecimientos hoteleros. Caso del convenio firmado con Yudaya o del hotel Costa Calero. Manuela Armas rechaza que el Cabildo haya favorecido a unos hoteles y perjudicado a otros. Asegura que los acuerdos para retirar los pleitos a tres hoteles pudieron materializarse “porque fueron anteriores a las sentencias judiciales”. “Si los que hoy tienen sentencias hubieran llegado antes, probablemente también habría acuerdos. Ahora tenemos sentencias por medio que ya no nos permiten llegar a este tipo de acuerdos”.
Por otra parte, la presidenta quiso matizar que sólo en el caso del Convenio de Yudaya fue el Partido Socialista quién firmó el acuerdo. “En la legislatura pasada hubo tres acuerdos. El último se hizo con un convenio, y los dos primeros, que fueron firmados por Mario Pérez, no. Acuerdos que además fueron bendecidos por los tribunales”.
El futuro de lo “no legalizable”
“Hay algunos hoteles a los que es muy difícil resolverle sus problemas”, indicó la presidenta en la rueda de prensa. Sin embargo, aseguró que “no es intención del Cabildo tirar ningún establecimiento, entre otras cosas porque no corresponde a nosotros”. Lo que pasará con estos hoteles sigue sin estar claro. Y seguramente seguirá así durante mucho tiempo. No es competencia del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias, decidir el futuro de estos establecimientos.
