Estas organizaciones, según el consejero de Bienestar Social y Contratación, Marcos Bergaz, “ofrecen un servicio recurrente, por lo que la ley nos manda que estén sujetas a un convenio y que nos sometamos a un contrato en nuestras relaciones con ellas”. Sin embargo los contratos y convenios que existían con éstas dejaron de estar en vigor en 2016 y desde entonces se funciona a base de asignarles fondos puntualmente, firma del presidente del Cabildo mediante.
“El Cabildo no puede permitir que organizaciones que prestan servicios tan importantes como la atención a las personas dependientes estén en semejantes condiciones de inseguridad jurídica”, declaró Bergaz.
Durante los últimos años el anterior presidente del Cabildo se limitaba a levantar los reparos puestos por la intervención para mantener este sistema, sin buscar fórmulas de convenios o de concursos públicos, por lo que la misma ausencia de su firma podría implicar el cese de actividades en un área tan sensible como de la atención a personas dependientes.
“Ni las personas dependientes, ni sus familias, ni las entidades que están haciendo esta excelente labor merecen esta falta de seguridad”, lamenta la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo. “Esta situación les hace a todos vulnerables a las arbitrariedades del político de turno”, denunció.
