El tan discutido despido de Wilfredo, un trabajador de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) que insultó y amenazó verbalmente a directivos de la empresa pública en junio del año pasado con motivo del debate del Plan de Viabilidad, vuelve al Cabildo de Lanzarote. El portavoz de Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC-25M) en la Primera Corporación insular, Ginés Quintana, ha confirmado este lunes en Crónicas Radio su intención de elevar hasta el Pleno una solicitud para la readmisión del trabajador que fue despedido por la dirección de los Centros Turísticos, apelando a razones humanitarias y al hecho de que el trabajador tiene una sentencia favorable que ha sido recurrida pero que determina su readmisión en la empresa pública.
“La primera iniciativa que queremos llevar, y que fue una de nuestras promesas electorales, será la readmisión del trabajador de los Centros Turísticos, que fue despedido tras las manifestaciones”, afirma Quintana. El consejero de Alternativa apuesta por resolver el asunto “con la mayor discreción y sin aspavientos”, anuncia que se emprenderán otras vías en caso de no fructificar la moción, y recuerda que es “lamentable que se juegue con la vida de una familia por momentos puntuales, y con la jueza del caso justificando no solo su reacción, sino la de todos los manifestantes”. “Había que trincar a uno y le tocó a él”, expresa el Cabildo insular de Lanzarote. “Solo queremos arreglarle la situación a esta persona y que siga con tranquilidad su vida laboral”, agrega el portavoz de Alternativa. Ginés Quintana recuerda que “en la sentencia la jueza reconoce los hechos. Es cojonudo”, dijo, que a uno le quiten el trabajo o que le cambien sus condiciones y que esperen que uno no se enfade”, expresó.
Por otro lado, el portavoz de Alternativa Ciudadana centrará también sus propuestas en el próximo pleno en asuntos como Zonzamas e Inalsa. “Nos gustaría que nos proporcionaran la documentación de forma directa y no a través de los medios de comunicación. Y lo mismo pasa con Inalsa y las denuncias sobre la insalubridad del agua, de las que la Administración insular dice no tener constancia”, aseveró.
