La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (ACULANZA) ha presentado esta semana ante el Cabildo insular de Lanzarote un recurso impugnando la decisión última Asamblea General Extraordinaria del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote del 28 de agosto de 2011, en la que se indica una subida del recibo del agua superior al 10%, adecuada bajo el eufemismo de Tasa de saneamiento y un euro por mes.
Ante la afirmación del máximo responsable, Pedro San Ginés, de que la subida del saneamiento como también lo fue la anterior de fecha Julio 2011, se debió a que "debemos cumplir la normativa que obliga a cubrir los costes de producción", según Aculanza "se falta a la verdad cuando sólo en el año 2011 la subida de la factura de INALSA asciende ya a un 30%, ya según los datos del informe del Consorcio las tarifas domésticas van a subir aproximadamente en 33% ( tasa de 0,52 + cuota de servicio 2 euros bimensual), y sumamos la del agua potable ya referida al mes de julio en torno al 26,9% ( tasa de 1,03 + cuota de servicio bimensual)", por lo que desde Aculanza se indica que "la subida porcentual de la tarifa doméstica en los tramos principales de 11 a 30 metros cuadrados equivaldría al 29-30%".
La Asociación entiende que se incumple el artículo 8º sobre tarifas del Estatuto del Consorcio del Agua, cuando en el mismo se dice que "el Consorcio estudiará, tramitará y propondrá a la aprobación del órgano competente las tarifas, exacciones y tasas del agua distribuida a los Municipios Consorciados y los restantes usuarios directos".
Por tanto ese "órgano competente", según Aculanza, debería ser el Consejo Insular de Aguas, la Comisión Territorial de Precios o el organismo correspondiente de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, previo a su publicación definitiva en el Boletín Oficial pertinente.
ACULANZA rechaza lo que considera una "tomadura de pelo a los consumidos consumidores de Lanzarote, ya que la no cobertura de los costes de producción se debe única y exclusivamente a la incapacidad de no saber cobrar lo que se produce y factura, incurriendo en una incapacidad manifiesta que tratan de cubrir con una subida brutal, salvaje y desproporcionada a los tiempos y circunstancias económicas que vive la maltrecha economía doméstica, un auténtico asalto al bolsillo de la ciudadanía".
La Asociación muestra su más profunda extrañeza por que representantes municipales, "sin el conocimiento en profundidad de las formas y fondos de la cuestión hayan aprobado con su voto, sin tan siquiera contar con el aval de los respectivos plenos municipales,
asumiendo una responsabilidad personalmente, ante los abonados de sus términos municipales que están sufriendo una mala calidad, y peor servicio en estos momentos como de todos es reconocido".
Cesta de la compra
Por otro lado, Aculanza responsabiliza directamente a la Dirección de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias de retrasar la implantación de nuevas grandes superficies en la Isla.
En un comunicado, la Asociación recuerda que fueron los anteriores responsables de este departamento los que, a su entender, retrasaron la mejora de la competencia en Lanzarote, "llegando incluso a judicializar durante años unos derechos a la competencia que son palmarios. En este sentido, Aculanza recuerda las palabras de Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, quien sostuvo recientemente que "la única razón por la que no baja la cesta de la compra en Lanzarote es por la falta de competencia".
Por otro lado, y a colación de la reciente aprobación inicial, el pasado lunes en el pleno de Arrecife, del Plan Parcial de Argana Alta, donde tienen intención de implantarse marcas como Mercadona o Decathlon, la Asociación plantea que islas hermanas como Fuerteventura han tenido una mayor sensibilidad ante esta situación, "y por tanto tienen mejor precio en su cesta de la compra". Al respecto, Aculanza dice no entender que partidos como Coalición Canaria (CC) o Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) se abstuvieran en dicha votación. Reconocen que ambos partidos han manifestado no estar en contra de la entrada de competencia en la Isla, pero creen innecesario que el argumento de la inaccesibilidad en la parcela número 12 de Arrecife sirva para poner "nuevas trabas a la inminente implantación de nuevas superficies en Lanzarote".
