Por Andrés Chaves
1.- Gobierno y oposición han consensuado una nueva reforma del Código Penal, que castiga con mayor severidad los delitos sexuales, amplía la prescripción de las infracciones fiscales y es implacable con los terroristas. Me parece perfecto. Pero el verdadero problema de España no sólo está en que las leyes penales han acabado por suavizarse mucho, desde la Transición, sino en el desorden absoluto de los juzgados, en la falta de medios con que los jueces cuentan para impartir una justicia efectiva y en que a nadie le interesa, por lo que se ve, dotar a la Justicia con mayúsculas de personal e instalaciones suficientes para que los profesionales, desde jueces y fiscales a funcionarios de base, puedan cumplir mejor con su trabajo. Quiero decir, en síntesis, que de nada vale cambiar los códices si luego la aplicación de la ley resulta tremendamente difícil. Es la eterna contradicción entre quien pretende legislar con coherencia y quien no le interesa que la Justicia funcione, por si le toca.
2.- No es un secreto que estamos a la cola de los países desarrollados del mundo. Somos la octava potencia económica, pero nos situamos más abajo en cuanto a rendimiento por funcionario público, funcionamiento de las instituciones, seriedad en el trato con los ciudadanos y tutela de los mismos. Mientras que en los países punteros de Europa abres la ventana y ves tus impuestos en las infraestructuras, aquí todavía se nota cuando pasas de Francia a España en automóvil y sientes bajo las ruedas del coche el firme de las carreteras. Yo lo acabo de experimentar.
3.- Y nos encanta legislar. Somos una de las naciones con más leyes en vigor de la Europa comunitaria, algunas de ellas contradictorias. El sistema de leyes sectoriales funciona mejor en los Estados Unidos porque son más serios a la hora de aplicarlas: en un estado te pueden condenar a muerte y en el de al lado, no; y así. En España, cada parlamento autonómico fabrica sus leyes y tantas veces el ciudadano se vuelve loco para poder cumplir las que emanan del poder regional sin colisionar con las normas estatales. Un verdadero lío que trae de cabeza a abogados y jueces y al propio Tribunal Constitucional, que no da avío a resolver los casos planteados. Menos leyes y más medios para hacer cumplir las que ya existen; eso es lo que pido como ciudadano. No creo que sea mucho.
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