No debía haber causado tanto revuelo la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos bolivianos, porque además de ser una decisión en el pleno ejercicio de la soberanía nacional fue una promesa electoral del hoy legítimo presidente Evo Morales. Pero la sorpresa podría ser entendible si hacemos una comparativa entre lo que prometen los políticos y lo que cumplen. Al margen de la promesa, el país más pobre de Suramérica pretende salir de la miseria controlando la explotación de cincuenta y seis campos de gas y petróleo que están en manos de compañías extranjeras, entre ellas la española Repsol. Bolivia posee reservas estimadas en 48,7 billones de pies cúbicos de gas, un tesoro apetecible para cualquier multinacional. Para lograr la misión trazada por Morales, el Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tendrá que demostrar que el producto de las regalías revertirá directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. En cambio, sí me sorprende que la comunidad internacional y la mayoría de medios de comunicación callen hechos supremamente graves que están sucediendo en el sur del nuevo continente. CNN, la misma cadena televisiva a la que Morales dijo con franqueza indígena “cuando el gas está bajo tierra es nuestro, pero cuando llega a boca de pozo es ajeno”, no se ha molestado en analizar las oscuras consecuencias del Tratado de Libre Comercio (TLC), made in USA, en la economía boliviana. Al mercado de la harina extraída de la coca prácticamente se le puso una lápida. Tampoco, ni las grandes cadenas informativas ni estados que se inmiscuyen en otros asuntos han dicho nada sobre las denuncias públicas e investigaciones realizadas por reconocidos periodistas colombianos sobre los vínculos pasados del candidato presidente Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo. “La democracia” colombiana, sustentada en el más canalla clientelismo, elegirá presidente el próximo 28 de mayo. Basta de hipocresía. Si vamos a contar, contémoslo todo.
