Ya apuntábamos muy de pasada en el Editorial de ayer, titulado “El 9 de marzo y el miedo a la abstención”, que en el caso de Lanzarote en estas inminentes elecciones generales apenas se sustancia, de cara a la representación política de la isla, el cargo del senador, independientemente de que también vayan algunos conejeros enrolados en los primeros puestos de las distintas listas al Congreso de los Diputados por la provincia oriental de Las Palmas.
En efecto, estos comicios generales tienen centrado en nuestra isla su mayor interés en el único partido y político que acabará representando a Lanzarote en el Senado. Una Cámara sobre cuya validez real se sigue debatiendo y derramando ríos de tinta en la prensa, todavía hoy y a estas alturas de nuestra ya crecidita democracia, que al menos formalmente es mayor de edad desde hace muchos años.
Ese ya viejo debate está perfectamente registrado en las hemerotecas. Y de hecho es un asunto que aparece y desaparece cíclicamente en la actualidad política nacional. Cada cierto tiempo y cual río Guadiana, lo de la supuestamente necesaria reforma del Senado español sale a la palestra. Una polémica que sigue viva todavía hoy y que está por cerrarse definitivamente. Hasta la fecha, nadie ha explicado nunca de forma convincente la razón (sinrazón para otros muchos) de crear dos Cámaras allá cuando la restauración democrática, aunque la propia Constitución apunta unas respuestas que tampoco convencen a casi nadie. En buena teoría constitucional, el Senado es la Cámara de representación territorial. Dicho así, sobre el papel, queda muy bonito y hasta romántico. Pero una Cámara de representación territorial, “strictu sensu”, también lo es el Congreso. De hecho, los diputados y los senadores proceden de los mismos sitios y regiones (o nacionalidades, por decirlo en la forma políticamente correcta en la actualidad), aunque es cierto que en el Senado existe un mayor enriquecimiento de representación, por así decirlo.
A efectos de eso que llamamos el Poder Legislativo, no parece haber duda de que el protagonismo está en el Congreso de los Diputados. El Senado es una Cámara con derecho a decir, pero no a hacer, parecido a aquello otro de que el Rey reina, pero no gobierna. Después de la creación más o menos artificial del denominado Estado de las Autonomías (recordemos el chiste recurrente de la época, que se contó hasta el cansancio preferentemente en el diario de la ultraderecha “El Alcázar”, y que propició incluso un libro del ya fallecido Fernando Vizcaíno Casas titulado “Las Autonosuyas”): diecisiete en total, con sus correspondientes o respectivos gobiernos, parlamentos, administraciones, competencia y lo que no está ni en los escritos. En suma, todo un lío de pretensiones o de decepciones, que de hecho ha empezado a poner en quiebra el también manoseado principio de solidaridad inter-territorial.
Con respecto a la escasa o nula validez empírica del Senado (duda o temor que se acrecienta cuando un senador isleño, por ejemplo, se pasa luego los cuatro años de legislatura “desaparecido en combate”, como se ha dado el caso más de una vez en Lanzarote), en su día se pensó que si el Poder Central ya no debía existir, había que crear una suerte de Poder Autonómico, según la lógica de los primeros momentos de la Transición. De aquello salió un mal engendro que no se supo o no se pudo abortar a tiempo. Y así hasta hoy, con un Senado que sigue en tierra de nadie o en el limbo político.