Resulta terrible comprobar cómo cambian algunos dependiendo del viento que sople. Nos referimos al tema de la moratoria y a esa sentencia que ha cogido por sorpresa a más de uno. Y lo decimos también porque ya ha habido empresarios, especialmente en Gran Canaria, que se han tirado a la yugular del Gobierno, como si la cuestión fuera definitiva. Poco a poco irán aumentando los reproches, sobre una medida que nosotros hemos defendido y defenderemos siempre, eso sí, admitiendo los numerosos errores que se cometieron desde su origen, que no fue otro que el aplicado en la isla de Lanzarote en 1998 por el Gobierno que presidía en el Cabildo insular Enrique Pérez Parrilla. Nos extraña, por cierto, y ya que hablamos del Cabildo, que no se haya producido un pronunciamiento claro y rotundo por parte de la institución, ya que su presidenta, Manuela Armas, es tan aficionada a estos temas de la contención del crecimiento, tranquilizando a aquellos que se hayan podido intranquilizar con la noticia.
Ya lo saben los lectores de Crónicas, porque lo adelantábamos en nuestra edición digital, que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, notificada este miércoles, ha abierto la puerta a al menos una decena de indemnizaciones millonarias como consecuencia de las Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo, más conocidas como moratoria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha condenado al Gobierno de Canarias a indemnizar a una empresa turística a razón del valor de los aprovechamientos lucrativos de las parcelas no construidas aplicándole un tipo anual equivalente al Euribor durante el tiempo de suspensión de licencias de construcción. La sentencia, de la que es ponente el magistrado Javier Varona, estima parcialmente un recurso interpuesto por la empresa Centro Helioterápico de Canarias, del empresario Theo Gerlach, que reclamó en su día una indemnización por los daños y perjuicios provocados por la moratoria turística al impedírsele edificar un hotel de cuatro estrellas de 696 plazas en un Plan Parcial desarrollado en Pasito Blanco, municipio de San Bartolomé de Tirajana. El recurrente, que reclamaba inicialmente 19 millones de euros de indemnización, había solicitado licencia municipal de obras el 11 de enero de 2001, cuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma publicara el decreto 4/2001, de 12 de enero, por que se aprobaban las Directrices de Ordenación General y de Turismo de Canarias y que impedía obtener autorización turística previa y licencia de construcción para el desarrollo de sus parcelas.
Las reacciones no se han hecho esperar, y nos parece bastante lógica y razonable la del Gobierno que preside Paulino Rivero. Presidencia del Gobierno remitió este jueves un comunicado como primera valoración de la sentencia. Las tres frases remitidas desde Presidencia del Gobierno indican que “es conocido que el Gobierno tiene por costumbre no valorar cuestiones que se están dirimiendo en el ámbito judicial”, además de que “conocido ese pronunciamiento, los servicios jurídicos emprenderán las acciones que consideren”. El Ejecutivo concluye manifestando que “de cualquier forma, nunca está de más recordar que la Ley contó con la aprobación del Parlamento de Canarias”. Y es que, recordémoslo, como pasó en Lanzarote, en el Parlamento canario todos los grupos apoyaron la medida, porque hacer lo contrario parecía que restaba votos. Es lógico pensar que ha llegado el momento de que vuelva a haber unidad de criterios en torno a este importante asunto. Como en 1998, seguimos jugándonos mucho, ahora más si cabe, puesto que el territorio de 2008 está mucho más consumido.
También fue claro el presidente responsable de adoptar una medida que le propusieron sus entonces compañeros Juan Carlos Becerra y Adán Martín. Román Rodríguez aseguró que la sentencia del TSJC sobre la moratoria turística es recurrible y no va en contra de la norma sino que hace referencia la incumplimiento que el Gobierno de Canarias ha hecho durante los últimos cinco años de sus deberes en relación a la ley que aprobó el Parlamento de Canarias. Como siempre, Román Rodríguez culpa a los que estuvieron después de él. Y no creemos que sea esa la fórmula política adecuada, insistimos, se trata de volver a hacer piña en torno a la protección de nuestro frágil y delicado territorio.