Esta misma semana desde ópticas tan distintas como puede ser la del presidente del Partido Popular (PP) de Fuerteventura, Domingo González Arroyo, o del presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Neftalí Acosta, se ha hablado del problema del paro en Lanzarote. Y es que las cifras que se barajan en estos momentos, con cerca de 9.000 personas apuntadas en el Instituto Nacional de Empleo (INEM), son para echarse a temblar. Nunca se llegó a pensar que en esta tierra podría haber una cantidad tan elevada de personas sin empleo, lo que evidentemente debe conducir a una reflexión seria y serena, especialmente en la que estén involucrados empresarios y sindicatos.
De todos modos, no hemos empezado muy bien en la búsqueda del consenso. El Consejo General de Empleo de Canarias aprobó este martes la estrategia de empleo elaborada por el Gobierno regional sin el apoyo de CCOO y UGT al no haber retirado el Ejecutivo las propuestas que los dos sindicatos entienden que discriminan a la población inmigrante y cuya legalidad cuestionan. Así lo manifestaron las dos secretarias regionales de CCOO y UGT, Delia Rodríguez y Alicia Rodríguez, respectivamente, frente a la posición de la Consejería de Empleo regional, cuyo titular, Jorge Rodríguez, afirmó que las dudas a las que se refieren los sindicatos son “hipótesis” y que sus medidas son “plenamente constitucionales”.
Rodríguez lamentó la actitud de la líder de CCOO por no haber asistido a la reunión por problemas de agenda y hacer declaraciones a los periodistas al término de la misma, y apuntó que detrás de la postura que comparten ambas formaciones sindicales están los “socialistas”.
No conocemos en profundidad las razones que han movido a los sindicatos a estar en contra de esta estrategia de empleo, aunque sí que entendemos el monumental enfado que tenía Rodríguez, quien llegó a resaltar que este asunto saldría adelante con o sin los sindicatos. No debe ser así, insistimos, cualquier acuerdo de estas características debe contar con los trabajadores, que son los principales afectados, y los sindicatos, aunque haya gente que no esté de acuerdo, son sus legítimos representantes.
Las dos patronales canarias, sin embargo, apoyaron la estrategia y consiguieron además introducir una propuesta para que en los pliegos de licitación de las obras públicas canarias se introduzca como un elemento más a ponderar el que una empresa tenga su domicilio social o esté radicada en Canarias.
El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, Cristóbal García, expresó su apoyo al documento elaborado, que además contiene el 90% de las propuestas formuladas por las patronales así como por los sindicatos. García eludió pronunciarse sobre la legalidad de las medidas destinadas a los residentes canarios por entender que es un asunto que compete a la Comunidad Autónoma.
El consejero de Empleo, Industria y Comercio informó de que la estrategia será remitida al próximo Consejo de Gobierno para su aprobación y que, a partir de abril, se empezarán a advertir sus primeros resultados, así como que se elaborarán planes trianuales para el desarrollo de las más de 250 medidas que se apuntan para conseguir en Canarias el pleno empleo en 2013. Hay que confiar en que los resultados tengan que ver con la reducción drástica del número de desempleados. Advirtió que del documento se corregirán cuestiones de estilo a lo largo de esta semana, pero no se “cambiará ni una coma del contenido” y rechazó que se trate de una medida electoral, pues lo que se pretende es actuar ante “una realidad de 140.000 parados que necesitan un puesto de trabajo”.