El Gobierno y las comunidades autónomas alcanzaron este lunes “un acuerdo de fondo” para el reparto de menores extranjeros no acompañados desde Canarias a la Península y, a partir de este martes, comenzarán los trabajos para concretar la participación de cada una de las comunidades en este programa de traslados. Se trata sin duda alguna de un acuerdo notable, no sobresaliente porque no está suscrito por todas las comunidades autónomas.
Parece que poco a poco se ha entendido en la Península que el problema de la inmigración irregular que afecta seriamente y con crudeza a Canarias, especialmente a las islas de la parte más occidental, no es una broma, ni mucho menos una cosa que pueda resolver una sola Comunidad Autónoma.
De hecho, que haya más de quinientos menores inmigrantes en los centros de acogida de las Islas supone algo más que un serio problema. Sin ser alarmistas, debemos recordar ahora los problemas que se crearon en los centros de acogida de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote cuando los menores inmigrantes, en su mayoría de origen marroquí, causaron todo tipo de problemas, no sólo con graves amenazas y agresiones a sus cuidadores sino con destrozos de material como el que se padeció en la sede de la Cruz Roja en Arrecife.
El tema de los menores inmigrantes es serio y delicado. Ni quinientos niños ni cien pueden estar en un solo lugar a la espera de que se encuentre el modo y la forma de atenderlos correctamente. En este asunto, como en el del reparto de los inmigrantes no menores, se necesita, se requiere, la inexcusable colaboración del resto de las comunidades autónomas. No se trata de solidaridad sin más, se trata de justicia. Además, ya se sabe que a las malas se puede emplear la fórmula que ya empleó hace años José Manuel Soria con los inmigrantes que se encontraban en el parque de Santa Catalina o que se utiliza en estos momentos por parte del Gobierno regional, subirlos en un avión de línea regular y dejarlos en cualquier provincia de la España peninsular.
Como aquí no creemos que haya que llegar a esos extremos, lo más lógico es que el asunto, a falta de que se encuentre una solución de mayor calado, se arregle por otros cauces. Y parece un cauce adecuado el de la asunción por parte de otras comunidades autónomas de una porción del problema.
En una breves declaraciones, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, informó de la reunión del Consejo Superior de Políticas de Inmigración, en la que “todas” las comunidades autónomas mostraron su disposición a acoger a los menores extranjeros que no pueden ser “adecuadamente” atendidos en Canarias, debido al “desbordamiento” que sufre el Archipiélago. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Gobierno canario han planteado en buena lógica al Consejo Superior de Políticas de Inmigración la derivación de quinientos de los casi ochocientos menores que viven en las Islas.
No está mal tampoco que el ministro Caldera, al que muchos acusan de haber estado absolutamente desaparecido después de su proceso de regulación, vaya no sólo haciendo declaraciones sino dando pistas del camino por el que van a circular sus actuaciones para ayudar a que los inmigrantes que llegan estén lo mejor posible y para disuadir a los que todavía parecen dispuestos a jugarse la vida de que merece la pena hacerlo.
Según recordó el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, España es signataria del Convenio de Protección de Menores de las Naciones Unidas y, por tanto, está obligada a atender a los menores en situación de desamparo, algo que es evidente que se ha hecho en Canarias y que se va a seguir haciendo.
Por lo que respecta al Archipiélago, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, María Luisa Zamora, confió en que en breves semanas se pueda empezar a derivar a menores inmigrantes hacia otras comunidades y advirtió de la urgencia del traslado pues “las cifras cambian en cuestión de horas”. La consejera, que ha visto cómo un departamento aparentemente tranquilo se ha desbordado, aseguró que la reunión fue “muy positiva” para el Gobierno de Canarias, ya que el Estado asume la propuesta que las autoridades canarias llevaban reivindicando desde hace tiempo “dada la situación de crisis que estamos viviendo”. Manifestó, y hay que aplaudir su decisión, su deseo de que “se haga lo más rápido posible porque algunos fines de semana estamos recibiendo más de 70 menores extranjeros” y explicó que el Gobierno canario ha habilitado dispositivos de emergencia, en los que “las cifras cambian en cuestión de horas”.
Entre las cuestiones curiosas que salpican esta importante noticia está la contradicción entre lo expuesto por el ministro Caldera, quien afirmó rotundo que “todas” las comunidades autónomas asumían el traslado de los inmigrantes, y lo que dijo luego la consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, quien señaló que su Comunidad no acogerá inmigrantes menores de edad procedentes de Canarias debido a que su red de acogida está saturada, pero añadió que seguirá “participando y colaborando” con el traslado de inmigrantes adultos.
Algunos ven ya en las palabras de la andaluza una excusa para no hacer frente a uno de los problemas más graves de este fenómeno, a la verdadera papa caliente que supone la custodia de los menores inmigrantes, como hemos subrayado ya en varias ocasiones, un evidente foco de conflictos que sin embargo tiene y merece ser atendido.
Por lo que respecta a la seguridad, hay que congratularse por las medidas anunciadas este lunes desde Madrid. Así, es más que destacable que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, anunció este lunes que el Ministerio del Interior trasladará a Canarias a 450 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como refuerzo a la lucha contra la inmigración irregular y aseguró que las repatriaciones proseguirán.
Se trata sin duda de un primer paso que demuestra que en Madrid han entendido perfectamente que el problema ataca a todos los frentes, y que uno de los más importantes de blindar es sin duda el de la seguridad.