Estamos en este momento ante uno de los instantes más cruciales en la historia de la empresa pública más importante de Lanzarote, Insular de Aguas (INALSA). Después de la sombra de la privatización que anidó durante algún tiempo por Punta de los Vientos y que provocó incluso una airada reacción de los trabajadores con manifestación incluso por las calles de Arrecife, la tranquilidad y la relativa normalidad se habían adueñado de un lugar que en años pretéritos ha sido un verdadero polvorín. Sin embargo, un asunto que se arrastra del pasado, que tiene que ver con los errores y desaciertos de la pasada legislatura, golpea con crudeza a su frágil estructura. Nos estamos refiriendo al polémico laudo dictado por la extinguida Cámara de Comercio de Las Palmas que obliga a Inalsa a indemnizar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) perteneciente a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a pagar la nada despreciable cantidad de 10 millones de euros por incumplir el contrato que se hizo en su día para construir la planta desaladora de Janubio, en Yaiza.
Lo peor de las historias es cuando se recuerdan mal o se cuentan con torticeras intenciones. La planta desaladora de Janubio no se hizo porque la mayoría de la población de Lanzarote y la mayoría de las formaciones políticas entendieron que no era más que el paso previo para intentar privatizar el resto de la empresa. Así lo defendieron los por entonces asustados trabajadores, que respiraron cuando se determinó que aquello no se hacía, entre otras cosas porque el Ayuntamiento de Yaiza, gobernado en ese momento por un alcalde de Coalición Canaria-Partido Nacionalista de Lanzarote (CC-PNL), José Francisco Reyes, se negó a dar la licencia de obra que se requería para iniciar la construcción.
Por tanto, intentar responsabilizar al actual consejero delegado de la compañía, Mario Pérez, de algo con lo que la mayoría estaba de acuerdo, parece cuanto menos oportunista y desmesurado. De hecho, en este diario entendemos que lo más inteligente para todos, teniendo en cuenta que los 10 millones saldrían del bolsillo de todos los ciudadanos de la Isla, es apoyar la búsqueda de fórmulas para evitar el pago, evitando si es posible la colocación interesada de zancadillas en busca de rédito electoral. Ocurra lo que ocurra, se trata de que la empresa de las hermanas Koplowitz no se lleve un dinero de una sociedad estratégica para un lugar que depende al cien por cien de las máquinas que hacen el milagro de transformar el agua salada del mar en agua dulce o desalinizada.
Como informa Crónicas en su edición de hoy, la junta de portavoces del Cabildo, constituida por todos los grupos políticos representados en la institución insular, se reunirá este lunes a mediodía a instancias de los grupos en la oposición (PP-AC25-M y PIL). En el encuentro se debatirá y analizará el auto del Juzgado Nº 13 de Las Palmas en el que se ordena la ejecución del laudo condenatorio contra la empresa pública y por el que se solicita el embargo de una parcela propiedad de la compañía, tal y como pidió la oposición.
Aunque Mario Pérez haya tratado de restarle importancia, lo cierto es que se trata de un tema muy serio que merece de un concienzudo análisis, para que se encuentren las fórmulas adecuadas y la defensa correcta y certera con la que garantizar el éxito en los tribunales de justicia.
Por otro lado, hay que destacar la propuesta del PP sobre la posible presidencia de la consejera y abogada Astrid Pérez como presidenta de la Comisión de Investigación de Inalsa. Mucho nos tememos que la propuesta, que no es mala, no saldrá adelante. Están muy cerca las elecciones como para que los partidos del grupo de gobierno dejen en manos de la oposición una responsabilidad tan destacada como esa.