Este diario lleva varios días publicando informaciones sobre la particular situación en la que se encuentran los vecinos de El Golfo, un tema que, como recordarán los más memoriados y los que cuentan con más canas, no es ni mucho menos reciente. Hace años que se está hablando del asunto, y hace años que se está pendiente de que se busque una solución.
Sin embargo, lo más llamativo del asunto ha surgido con la información que publicaba nuestra compañera Laura Ramírez, un magnífico testimonio del que parece que va a ser el abogado de los vecinos, un auténtico experto en todo lo que tiene que ver con pleitos vinculados con los deslindes marítimos, José Ortega. Según su clarificador testimonio, era tan fácil solucionar el conflicto como haber hecho un certificado, que lo firmase el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y se habría acabado todo. Según su interesante versión, la Dirección General de Costas no podría haber aprobado el deslinde que se hizo público en julio si la autoridad urbanística hubiera presentado una certificación que demostrase que la zona era un núcleo urbano.
Ortega aseguró en sus manifestaciones a este diario que “el Ayuntamiento ha tenido una actuación muy rara, porque han presentado iniciativas de defensa, en el que se decía que era un núcleo de población y por lo tanto tenía un carácter de suelo urbano, pero sin embargo no han hecho lo que tenían más fácil, que es poner ellos su certificación como autoridad pública y urbanística de que eso es suelo urbano”.
Bien, a lo largo de este jueves las reacciones se fueron sucediendo una a una. Lo más interesante no sólo fue comprobar que ninguna institución desmentía la información publicada por Crónicas y que se generaba un nuevo cruce de declaraciones entre el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Yaiza, puesto que ambas corporaciones se culpan de no haber presentado el documento que según Ortega habría terminado sin más con el problema que se ha generado. La presidenta del Cabildo insular, Inés Rojas, reconoció que se podría haber certificado que El Golfo era una zona urbana aunque no estuviera incluida en el Plan General de 1973, algo que a su modo de ver lo tendría que haber hecho el Ayuntamiento. Luego el Ayuntamiento de Yaiza envió a los medios la única respuesta oficial que se ha hecho pública tras la acusación de negligencia que les señalan en el caso de El Golfo, desviando la responsabilidad hacia el Cabildo, al que pidió que “exhiba sus alegaciones a Costas que afectan el pueblo de El Golfo”.
Tenga quien tiene razón, que mucho tememos que la tienen ambos, lo cierto es que en ninguna de las dos instituciones se hicieron los deberes en este importante asunto, y habría que pedir a sus responsables públicos que depuraran las responsabilidades que haya que depurar, puesto que los que no tienen culpa de nada de lo ocurrido son los vecinos.
También fue curioso observar la falta de hilo directo del senador socialista, Marcos Hernández, a quien el director general de Costas, el canario José Fernández, le tuvo todo el día colgado al teléfono esperando por su llamada.
Este viernes hay que destacar dos actos. Por un lado, la visita que va a hacer a Madrid el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, Carlos Espino, y la rueda de prensa que van a dar los vecinos afectados al lado de su abogado. De las dos cosas estamos seguros de que se van a extraer jugosos titulares.