Poca gente se imaginaría cuánta razón tenían los representantes del Partido Socialista Canario (PSC) y de Alternativa Ciudadana (AC-25M) cuando decían al comienzo de la legislatura, cuando ambas formaciones estaban en la oposición del Cabildo, que el Plan Territorial Especial era un documento fundamental para el desarrollo de la Isla y que iba a dar mucho que hablar.
Desde luego, está dando mucho de que hablar y mucho sobre lo que escribir. De hecho, en la breve pero intensa historia de este diario ya se han tenido que dedicar algunos editoriales a analizar las noticias que giran en torno a este vital documento.
Después de todo lo dicho y escrito, se puede llegar a una clara conclusión: el Plan Territorial está siendo mal gestionado, mal administrado. Si no fuera así, de momento se habrían evitado los agrios enfrentamientos que se están produciendo no sólo entre los representantes del grupo de gobierno y de la oposición sino entre los propios integrantes del grupo de gobierno -Asamblea por Lanzarote (APL) y Coalición Canaria (CC) contra el PSC y su consejero Carlos Espino-, que mantienen posturas totalmente distintas en las formas y los modos de sacar adelante este asunto.
De momento sabemos que la mayoría de la población que todavía se preocupa de estas cosas (muchos ciudadanos, por fortuna) no ha digerido muy bien el debate sobre la inclusión o no de la oferta complementaria de ocio. Sobre todo después de comprobar que durante varias semanas esta oferta complementaria se negaba como Pedro negó a Cristo antes de que le crucificaran, para luego, por arte de no se sabe qué, aparecer en el documento medio de tapadillo.
Los socialistas no querían ni oír hablar de este asunto, y pretendían que el texto, un “tocho” impresionante, se aprobara en los términos en los que lo ha redactado el equipo que coordina el urbanista Fernando Prats. Por suerte para los que abogan por el diálogo en este tipo de actos, al final se impuso la tesis defendida por la mayoría del grupo de gobierno del Cabildo y de su presidenta, Inés Rojas, para que se produzca un diálogo fluido con los agentes sociales implicados en el tema y con los ayuntamientos.
Y hablando de ayuntamientos, existe un enfado monumental entre los alcaldes de Tinajo, Teguise, Yaiza y San Bartolomé por la ausencia de los técnicos del Área de Política Territorial y Medio Ambiente de la reunión que se celebró el pasado sábado para hablar sobre el Plan Especial de La Geria. De hecho, si se cumple lo que adelantó en primicia Jesús Machín en el programa “El Despertador” de Lanzarote Radio, es más que probable que Inés Rojas tenga sobre su mesa una queja formal. La queja, aunque habla de los técnicos, tiene como indiscutible protagonista al consejero de Política Territorial. Carlos Espino ha conseguido en muy poco tiempo batir todos los registros que existían sobre la forma de crearse enemigos en política. No sabemos si se trata de una táctica política diseñada por su partido o si le ha salido de casualidad. Lo que sí que sabemos es que su comportamiento de los últimos meses no está gustando a muchos representantes públicos, sobre todo a los alcaldes. Esta circunstancia ya la ha podido comprobar su compañero de Tías, José Juan Cruz Saavedra, quien ha escuchado de todo en las reuniones a las que ha tenido que asistir.
Por lo que respecta a lo último, ya se sabe que este lunes la presidenta del Cabildo de Lanzarote valoró de manera muy positiva la reunión mantenida con el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en la que estuvieron presentes los vicepresidentes primero y segundo, Manuel Fajardo y Mario Pérez, respectivamente, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente y los portavoces de los grupos políticos con representación en la institución. Según el Cabildo, la delegación lanzaroteña coincidió en calificar el encuentro como “clarificador” por cuanto recibieron información de última hora referida a la reciente entrada en vigor de la Ley de Evaluación del Efecto Medioambiental producido por los Planes y Programas Territoriales.
Pero lo más negativo, o lo más conflictivo, vino después. En cuanto a la desclasificación de las camas turísticas se refiere, el Cabildo dice que no se plantea riesgo en cuanto a los planes parciales, existiendo únicamente una duda en lo que respecta al Plan Parcial Playa Blanca, para el cual se propusieron durante el encuentro alternativas contempladas por la ley que evitarían así el riesgo.
Por una vez y esperemos que sin que sirva de precedente Lanzarote no está siendo la punta de lanza de la ordenación territorial, ni siquiera la punta de lanza de la lucha por la contención del crecimiento. Poco a poco habrá que ir analizando de quién o de quiénes es la culpa.