¿Es casualidad que Fernando Prats haya anunciado que renuncia a continuar al frente del Plan Territorial Especial (PTE) cuando la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, y parte de la Primera Corporación insular se encuentran de viaje en Londres asistiendo a la World Travel Market? No lo sabemos, aunque está claro que es mucha casualidad que algo así haya sucedido.
Resulta curioso que la dimisión del conocido urbanista se haya producido unos pocos días después de que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le acusara en unas duras y polémicas declaraciones hechas en Lanzarote Radio -reproducidas en parte posteriormente en este diario- de haberse llenado los bolsillos a cuenta de los lanzaroteños para sacar adelante proyectos de contención del crecimiento como la moratoria turística que luego los tribunales de justicia han tumbado. Esa opinión del alcalde de Yaiza, compartida en parte por otros políticos y otros representantes de la vida social y económica de la Isla, de algún modo tiene que haber tocado la fibra de alguien que en su momento se ofreció para sacar adelante un importante proyecto cuyo fin no es otro que el de conseguir la desclasificación de cerca de 30.000 camas y de 5 millones de metros cuadrados. Se ofreció y lo hizo a un precio que despertó notables sospechas, incluso de las otras empresas que se presentaron al concurso público abierto para desarrollar la iniciativa. Hay que recordar que una de ellas llegó incluso a hablar de posible baja temeraria en la oferta que propuso la empresa del mallorquín.
Para juzgar la labor que ha desarrollado Fernando Prats en los últimos años haría falta mucho más espacio del que dispone este diario para su artículo editorial de cada día. Como suele suceder con casi todas las personas del orbe, cuenta con importantes luces y con importantes sombras. Entre las sombras, sin duda, el hecho de que el trabajo que realizó en la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) encontrara tantas dificultades en los tribunales de justicia. Entre sus luces, el haber entendido y comprendido perfectamente la idiosincrasia de un lugar que quiere permanecer tal y como está, que no quiere seguir creciendo ni en cemento ni en pintura.
Prats se ha despedido a través de una escueta carta enviada a la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, al vicepresidente primero de la Primera Corporación, Manuel Fajardo, al vicepresidente segundo, Mario Pérez, y al consejero de Política Territorial, Carlos Espino. Como explica este diario, el urbanista que redactó la moratoria asegura en ese escrito que se reafirma en la “importancia del contenido” y la “rápida tramitación” del texto y que habiendo pasado varios meses desde la entrega por su parte del PTE para su aprobación inicial, no entiende cómo no se ha hecho nada. Además, dice que ha constatado las discrepancias que existen en el seno del grupo de gobierno del Cabildo a la hora de tramitar esta iniciativa. Y discrepancias, lo que se dice discrepancias, las ha habido, y bien gordas.
A poca gente le extrañaría ya que se acelerara la ruptura del actual pacto de gobierno, en el que mal conviven ya nacionalistas y socialistas. Sólo hay que analizar el contenido del comunicado enviado a los medios por el secretario de Comunicación del Partido Socialista Canario (PSC), Miguel González, también consejero del Cabildo, para darse cuenta de lo tensas que están las cosas, para saber que la actual alianza podría tener los días contados. Entre otras cosas, González cuestiona que los ayuntamientos de la Isla únicamente hayan sido capaces de proponer para incluir en el PTE el “disparatado” circuito automovilístico de Tinajo y el campo de golf que San Bartolomé pretende colocar en la zona industrial de Playa Honda, a su juicio y con absoluto tono irónico “máximo exponente del turismo de calidad”. El PSC termina su escrito asegurando que la desclasificación de las camas que contempla el PTE es una aspiración de la sociedad insular que no puede volver a verse defraudada “tal y como sucedió al inicio de esta legislatura, en al que se dejaron expirar los plazos para tramitar la segunda revisión del PIOT sin que hasta la fecha nadie de los integrantes del anterior pacto del Cabildo haya asumido su responsabilidad o haya dado una explicación satisfactoria”.
Está claro que poca o ninguna gracia les va a hacer a sus socios el contenido del escrito, sobre todo porque se ataca directamente a dos ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria (CC) y al Gobierno regional que también controlan los nacionalistas.
A todas estas el Partido Popular (PP) también reaccionó pronto, enviando una nota de prensa en la que consideran que la dimisión de Fernando Prats es la constatación del fracaso de las medidas de contención del crecimiento de los socialistas. ¿Tienen razón los populares? Lo único cierto es que los hombres y mujeres que coordina Manuel Fajardo entraron en el grupo de gobierno del Cabildo garantizando que uno de los objetivos básicos para permanecer en él era la aprobación del PTE. El PTE no se ha aprobado y parece que no se va a aprobar, y los socialistas de momento se han conformado con la suspensión de licencias residenciales en suelo turístico. ¿Será suficiente para ellos?