Un nuevo escándalo financiero ha sacudido a un país que no gana para disgustos, sobre todo cuando tienen que ver con el bolsillo. Al igual que pasó en la etapa de gobierno del Partido Popular (PP) con Gescartera, hay dos entidades, Fórum Filatélico y Afinsa, que podrían estar implicadas en una monumental estafa que afecta a miles de españoles.
Algunos de ellos, como suele pasar en los asuntos en los que unos cuantos listos se quieren llenar los bolsillos con el esfuerzo ajeno, ahora totalmente arruinados y hundidos.
Tal y como informa este diario, con los datos que bailan entre las dos delegaciones por el precinto que han sufrido sus bases de datos por culpa de la investigación abierta, en Lanzarote podría haber más de 2.000 personas que se han visto afectadas por la presunta estafa de los sellos, que es como se conoce el caso.
El método es el de siempre: se aprovechan de que los sueldos de hoy en día no dan para mucho y de la necesidad que tiene todo el mundo de que el poco dinero que se consigue ahorrar se reproduzca al estilo del milagro de los panes y los peces. Es sencillo atraer a la gente ofreciendo la rentabilidad que ahora ya no dan los bancos, que tienen más que suficiente con la millonada que recaudan cada año sólo con las comisiones, con esas comisiones que ya se cobran por todo.
Es muy triste por tanto que se sigan produciendo actos de este tipo, actos en los que hay personas sin escrúpulos que son capaces de gastar o amasar el dinero ajeno sin pudor y vergüenza. Habrá que confiar en que la investigación determine que todo se debe a un monumental error, y que las dos entidades no están implicadas, aunque las primeras indagaciones no apuntan precisamente a esa dirección.
Después de que el Gobierno confirmara que hay 350.000 afectados en la operación judicial realizada este martes en las sedes de las sociedades de bienes tangibles Fórum Filatélico y Afinsa, cientos de lanzaroteños se fueron acercando hasta las sedes de ambas entidades, tanto para solicitar información como para exigir que sus inversiones les sean devueltas. Actuaciones absolutamente normales, si se tiene en cuenta que muchos de esos ciudadanos habían invertido grandes cantidades de dinero en el negocio de los sellos, en la filatelia.
De momento no pueden recuperar el dinero porque se han precintado varias oficinas centrales de las que dependen los ordenadores de ambas empresas, pero tanto Fórum como Afinsa niegan las acusaciones que se les imputan y sostienen que cumplirán con sus compromisos con sus clientes. Habrá que confiar en la palabra dada a través de la redacción de este diario, porque es evidente que lo primero, lo principal de esta historia, es que la gente recupere su dinero.
Según los cálculos aproximados -puesto que no disponen de bases de datos al no contar con los ordenadores centrales- dados a conocer por ambas sociedades, en Lanzarote Afinsa podría contar con cerca de 300 clientes, mientras que en Fórum habría cerca de 1.800 personas. Desde las dos delegaciones se insistió a Crónicas en que las oficinas de Arrecife van a permanecer abiertas al público ininterrumpidamente.
Por lo que se refiere a la posible estafa en el ámbito nacional, el Gobierno confirmó que hay 350.000 afectados en la operación judicial realizada en las sedes de las sociedades de bienes tangibles Fórum Filatélico y Afinsa. Se trata de una "estafa masiva", dijo Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación, que tuvo lugar entre los años 1998 y 2001. Es llamativo que ya el portavoz del Gobierno hable de “estafa masiva” cuando la investigación está abierta. ¿Un desliz provocado por la precipitación o el conocimiento de datos que no se han aportado a la prensa y a los ciudadanos?
Las actuaciones se han saldado hasta el momento con nueve detenidos y el registro de compañías y domicilios de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Valladolid y Vigo (Pontevedra).
Lo más llamativo del caso, según se recoge en toda la prensa, es que en una vivienda de la Moraleja que pertenece al socio de una empresa afiliada a Afinsa se encontraron 10 millones de euros en metálico ocultos en dos zulos. 10 millones de euros son muchos euros, sobre todo para tenerlos metidos en un agujero.
Hay que recordar que nos enfrentamos a un problema tremendo. De hecho, las compañías que invierten en bienes tangibles no tienen una regulación específica, aunque la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva les dedica una disposición adicional en la que, incluso, les prohíbe utilizar en su denominación o publicidad los términos "financiero" o "colectivo". Las competencias sobre la inversión en estos bienes recaen en el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Diversas asociaciones de consumidores han criticado la laxitud de la Administración a este respecto, una laxitud incomprensible que habría que empezar a analizar, a menos que se pretenda que ocurra en España algo similar a lo que vivieron los argentinos no hace demasiado tiempo.