El Diputado del Común (defensor del pueblo) es una figura poco conocida por la población de las Islas. De hecho, muchos ciudadanos no saben ni que existe, no saben qué funciones cumple. Muchos ciudadanos de la Isla no saben siquiera que aquí tiene a un representante, una especie de delegado, que responde al nombre de Asesor del Diputado del Común, que es el ex presidente del Cabildo Nicolás de Paiz.
Y no se sabe nada de esto porque la publicidad que se hace de sus funciones y de sus actos es prácticamente nula, cuando en realidad se trata de una figura que en otros países desempeña una labor fundamental, una especie de conciencia de las administraciones públicas, un Pepito Grillo que recuerda siempre a los que mandan lo que está bien y lo que está mal.
Nuestro particular Pepito Grillo, que es Manuel Alcaide, realizó este jueves unas interesantes reflexiones en torno a varios asuntos que tienen que ver con la vida diaria de la sociedad del siglo XXI en la que vivimos, esta que no termina de convencer a todo el mundo por igual.
Alcaide expresó su preocupación por el incremento de la violencia escolar y pidió un esfuerzo de todas las administraciones para que la sociedad reaccione y se intensifique la educación de los valores y se recupere el principio de autoridad, algo que a muchos les puede sorprender y que los docentes llevan años padeciendo, sin que hasta la fecha nadie haya tomado una decisión para que cambie el crudo panorama que provoca, según se comenta en todas las estadísticas, el mayor volumen de bajas por depresión de todas las profesiones conocidas.
El Diputado del Común, en la presentación del informe anual ante el Pleno del Parlamento de Canarias, indicó que la violencia escolar se está incrementando no sólo en los centros sino también en la cercanía de ellos, y afirmó que unos 200 docentes están de baja médica debido a la presión que soportan en las aulas. Pidió un pacto que revitalice la Ley Integral del Menor y opinó que en él deben participar no sólo los agentes políticos sino también los profesionales involucrados, una opinión ciertamente sensata y ajustada a la realidad actual. Además, recordó que los menores son objeto de una atención especial por parte del Diputado del Común, cuya función no ha estado sólo encaminada a resolver las quejas presentadas en esta área sino también a realizar un estudio de oficio sobre determinas situaciones.
En esta línea, se refirió tanto a los menores extranjeros no acompañados como a los que están en riesgo y a los infractores, y subrayó que hay una falta de criterios de intervención y de colaboración entre administraciones así como una carencia de medios y de planificación. Respecto a los centros de menores infractores, estimó que la situación se ha normalizado aunque apuntó que todavía faltan recursos por poner en marcha como los terapéuticos, nuevos centros y la escolarización obligada de los menores ingresados en ellos.
Los parlamentarios, que como siempre miraban y hacían que escuchaban, son los que tienen que comenzar a actuar, porque la operatividad del Diputado del Común es escasa, por no decir nula.
Por otro lado, dejando de lado el tema de los menores, denunció que en Canarias la “situación de indisciplina urbanística” no ha variado en gran medida, tal y como demuestran la cantidad de quejas recibidas sobre la ejecución de obras en suelo rústico, algo de lo que en Lanzarote sabemos bastante. Alcaide abogó por mantener duras sanciones a los infractores, incluso por la vía de lo penal en los casos más graves.
En su repaso por la política territorial, dijo que la mayoría de las quejas se refieren a la indisciplina urbanística que no ha variado ni siquiera con el censo de viviendas ilegales de 1997, y señaló que comparte con la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de que no hay que ser condescendientes con los infractores a los que se les debe imponer las sanciones que deben ser por la vía penal en los casos más graves.
En el área de medio ambiente, Alcaide explicó que la mayoría de las quejas se deben a vertidos sin autorizaciones y, respecto a las expropiaciones, aludió a quejas referidas a que algunas administraciones ocupan bienes y derechos sin que se haya acabado el proceso de justiprecio.
Vamos, que van pasando los años, algunos van cogiendo kilos, y la situación es la misma, porque no se solucionan los problemas, ni los que ha denunciado Alcaide ni los muchos que siguen estando en la agenda de los políticos del Archipiélago.