El Tribunal Supremo deberá dictaminar en un plazo aproximado de diez días sobre el recurso presentado por el líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, por el que pide la absolución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que le condena a 8 años de cárcel y a 15 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público como consecuencia del polémico caso del Complejo Agroindustrial de Teguise.
Esta es la noticia que imaginamos que abrirá la mayoría de las portadas de los diarios del Archipiélago. Lógico si tenemos en cuenta que la información habla de uno de los personajes políticos que más titulares ha ofrecido en las dos últimas décadas.
De lo que se trata en definitiva es de que el Alto Tribunal determine si admite o no admite los argumentos que el abogado de Dimas Martín, Cristóbal Martell, ha presentado para intentar que se cambie una sentencia con la que es evidente que no están de acuerdo. Martell, que siempre se muestra optimista, salió bastante contento de la vista, aunque eso no quiere decir que vaya a triunfar en lo que se antoja como un camino bastante espinado.
Hay que recordar que el juicio del caso del Complejo tuvo todos los argumentos para poder formar parte una buena novela de intriga. De hecho, fue durante esos días, durante las tres tensas sesiones que se vivieron en las antiguas dependencias judiciales de Arrecife, cuando se escenificó la ruptura del PIL. El divorcio entre Dimas Martín e Higinio Hernández, su persona de confianza durante muchos años, derivó posteriormente en el establecimiento de una lucha interna de la que poco a poco fueron saliendo dos bandos: por un lado, los que no estaban de acuerdo con la idea de Dimas Martín de expulsar del partido al consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo por haber negado entre otras cosas la existencia de la Comisión de Agricultores; por otro, los que estaban de acuerdo con la decisión del líder y fundador del partido, de acuerdo por tanto con que se expulsara a uno de los pesos pesados, nada más y nada menos que el hermano del alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández. Luego a esta historia se sumaron las tensiones que generó la tramitación del Plan General de Arrecife, el enfrentamiento de Dimas Martín con cargos públicos como María Isabel Déniz y Celso Betancor, y el partido que había conseguido ganar con holgura las elecciones de 2003 saltó por los aires y se hizo añicos.
Por eso, entre otras cosas, es tan importante que se conozca el resultado del estudio que los jueces del Supremo tienen que hacer de la numerosa documentación presentada por la defensa de Dimas Martín. En esa documentación Martell trata de demostrar varias cosas: que su defendido ha conseguido justificar hasta la última peseta de dinero público gastado; que los problemas del Complejo Agroindusrial de Teguise se produjeron como consecuencia de un incumplimiento político del ex presidente del Gobierno regional Manuel Hermoso Rojas y que la Comisión de Agricultores existió, y no fue, como se dijo en el juicio, un invento de su defendido para justificar el ir y venir de dinero.
La situación judicial de Dimas Martín interesa a todos los que siguen de cerca la política, tanto de dentro como de fuera; interesa a sus adversarios y a los representantes de su partido, puesto que, y sobre esto no hay ninguna duda, no son lo mismo unas elecciones en Lanzarote con la presencia de Dimas Martín. No es lo mismo que Dimas Martín sea cabeza de cartel a que no aparezca por ninguna parte. Un claro ejemplo lo tuvimos en las pasadas elecciones, en las que, a pesar de estar condenado, consiguió una holgada victoria que permitió al PIL hacerse con el control de instituciones tan importantes como el Cabildo o los ayuntamientos de Arrecife o Teguise, al margen de ocupar tres escaños en el Parlamento regional que en otras circunstancias podrían haber sido decisivos.
Si finalmente el Alto Tribunal no acepta las razones expuestas por la defensa de Dimas Martín para cambiar la sentencia que dictó la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, todavía hay otras posibilidades que permitirían dilatar el proceso, como presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que durante el proceso se vulneró alguno de los derechos fundamentales del condenado, o solicitar, como ya se hizo con el anterior caso, un indulto del Gobierno.
Al margen de lo que ocurra, lo más triste del asunto es que se juegue con la vida de Dimas Martín y con la de su familia. Ya ocurrió en la pasada legislatura con el Partido Popular (PP) -sólo hay que recordar la cantidad de veces que tuvo que insistir sobre el tema de la anterior condena el ahora ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar- y podría ocurrir en la presente con el Partido Socialista (PSOE). Que Dimas Martín pueda o no pueda presentarse cambiaría notablemente la representación en las distintas instituciones, y no es de extrañar que en los grandes partidos ya se estén haciendo conjeturas al respecto, viendo qué es lo que más interesa.
También se sabe que el implicado en el asunto va a agotar todas las vías posibles para no entrar en prisión y para que se pueda presentar a los comicios. De hecho, en estos días se le ha podido ver y oír en muchos de los medios de comunicación de la Isla, donde, como ya expuso recientemente en Lanzarote Radio, sigue mostrando su habilidad innata para desenvolverse en el mundo de la política. Se le ve ilusionado y confiado, aunque eso no quiere decir que al final consiga el objetivo que se ha marcado.
Mientras, lo que hay que hacer es esperar y confiar en la imparcialidad e independencia de la justicia, para que todo transcurra con los plazos que se aplicarían si el implicado no se llamara Dimas Martín.