Poco se pueden imaginar los lectores de este diario la tremenda indignación que surgió este martes en el pueblo de Guatiza como consecuencia de la actuación de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, departamento que depende de la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Nos referimos a la información que adelantó este diario en primicia en su edición digital, en la que se dio detalle de que la Agencia había procedido a la demolición de una nave en la zona de Los Cocoteros, en Teguise. Se trata, según la información que recopiló este diario de distintas fuentes, de una intervención que responde a una sentencia de enero de 2002 que condenaba a los propietarios de esta finca a derruir la construcción por estar en suelo rústico destinado a producción agrícola y por carecer por tanto de las licencias oportunas. Esta sentencia se confirmó hace cuatro años después de que a los dueños se les fuesen denegando los diferentes recursos presentados. Ahora, Domingo Villalba, propietario de esta finca, ha asistido a la demolición de esta construcción, que según entiende, y como informó a esta redacción, no infringe ninguna ley, ya que está fuera de la servidumbre de la Dirección General de Costas y porque en su momento obtuvo los “permisos de palabra” para levantar estos dos almacenes, por lo que hicieron la obra precisamente donde se les indicó para seguir la normativa.
Conocida la versión oficial, cualquiera se tendría que quedar en ella, en el momento en el que se indica que se ha construido en suelo rústico, algo que todo el mundo sabe que no se puede hacer. Sin embargo, existe otra versión, como en casi todas las historias, otra cara de la moneda, la que cuentan los indignados vecinos y la que cuentan los propietarios de la nave derribada. Esta versión tiene que ver con la existencia de documentación suficiente que debería ser suficiente para acreditar la permanencia de la obra.
Independientemente de quién tenga razón, lo cierto es que sorprende, como ha sorprendido siempre, la facilidad con la que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural derriba pequeñas construcciones en todas las Islas, cuando se sabe que ni este departamento ni otros como el de la Dirección General de Costas tienen la misma ligereza y prontitud a la hora de proceder al derribo de construcciones que producen un impacto medioambiental muy superior. En la memoria de todos está el caso reciente del hotel Papagayo Arena, o el menos reciente del Aparthotel Fariones.
En este diario recordamos también las dantescas imágenes que se produjeron cuando el director de la Agencia, Pedro Gómez, se presentó en la Isla de Lobos con una legión de guardias civiles para derribar el anexo de una casa que llevaba allí muchos más años de los que él tiene. Parecía como si aquella pequeña construcción de piedra, a la que costaba ver de lejos, fuera el peor de los atentados ecológicos que se habían cometido en la historia.
Nos gustaría a nosotros y le gustaría a la mayoría de los ciudadanos que se mida por el mismo rasero cada caso que la Agencia detecte, cada supuesta infracción contra el medio ambiente. Así las cosas serían muy distintas, así tendríamos una sensación diferente a la que hay en estos momentos.