Como ya adelantó este diario en su edición anterior, estaba claro que el miércoles iba a ser un día de reacciones, después de que se conociera el día anterior que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el decreto por el que se aprobó la última revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote, lo que conocemos como moratoria turística. La más esperada fue sin duda la que primero llegó, la del Cabildo insular. Se hizo, salvando los problemas evidentes que existe en el pacto actual entre Partido Socialista Canario (PSC) y Coalición Canaria (CC), a través de un comunicado de prensa elaborado desde la Consejería de Política Territorial que dirige Carlos Espino. Básicamente lo que afirma el Cabildo no es nada nuevo, es simplemente que la moratoria turística va a seguir en vigor, puesto que, entre otras cosas, existe la posibilidad de recurrir la decisión judicial ante el Supremo.
Mucha gente, entre los que se incluye este diario, esperaba una respuesta más contundente y elaborada, algo que eliminara cualquier sombra de duda después del contundente titular que adelantó la Agencia EFE a través de su servicio en Canarias. Decir que se va a recurrir al Supremo no es decir que el contenido de la sentencia no tiene ningún valor. Es más, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, el majorero Domingo Berriel, dijo mucho más que eso en la entrevista que mantuvo a primera hora de la mañana en el programa “El Despertador” de Lanzarote Radio con el decano de la prensa insular, Agustín Acosta. Sin ni siquiera conocer la sentencia, teniendo nociones básicas que obtuvo leyendo precisamente la edición digital de este diario antes de irse a la cama el pasado martes, Berriel ya adelantó que por encima de la moratoria de Lanzarote hay otras normas de rango superior que protegen la medida, normas como las Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias. Es decir, que a Berriel lo primero que se le pasó por la cabeza es que sentencias de este tipo, que se arrastran desde un periodo anterior a la aplicación de las últimas leyes que sirven para todo el Archipiélago, tienen que ser interpretadas con la perspectiva adecuada.
De todos modos, desde el Cabildo se ha preferido hacer una interpretación jurídica, basándose en los informes de sus servicios jurídicos, donde se asegura que la falta de firmeza de la sentencia determina la plena validez y vigencia del Decreto 95/2000 (moratoria turística). Por tanto, la sentencia para ellos no tiene efecto práctico alguno y la moratoria sigue vigente hasta que se resuelvan los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
La reacción del Ayuntamiento de Yaiza, que se había producido el día anterior con las declaraciones que el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, había realizado a este diario, no se produjo en los términos esperados. De forma a nuestro juicio inteligente, el alcalde sureño, José Francisco Reyes, y sus servicios jurídicos esperaron a conocer lo que el Cabildo tenía que decir de la sentencia antes de ofrecer la rueda de prensa que podrían dar en estos días. A pesar de ello, Rodríguez habló amplio y tendido en los micrófonos de Lanzarote Radio, y volvió a repetir que lo que realmente les preocupa en el sur es el tema de las indemnizaciones a los propietarios de los planes parciales. Y es ahí donde creemos que está el quid de la cuestión, no en saber si la moratoria está o no está en vigor, porque está claro que está más que blindada, sino si habrá que hacer frente al pago de multimillonarias cantidades a los propietarios de las licencias anuladas por la medida.
Este asunto, nada baladí, es el que hasta ahora no termina de aclararse, el que ni siquiera los tribunales de justicia terminan de determinar. Por eso en este diario, donde siempre se ha defendido y se defenderá la moratoria como medida de contención del crecimiento a pesar de sus errores, también se muestra cierta cautela a la hora de lanzar las campanas al vuelo en uno u otro sentido. Se trata de un asunto abierto que merece de una reflexión serena por parte de los protagonistas implicados, los cuales, si los rifirrafes políticos lo permiten, tienen mucho en lo que pensar y mucho en lo que trabajar.