El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Pedro San Ginés (Coalición Canaria), instará al Gobierno del Estado a autorizar el uso del superávit de las comunidades autónomas —incluido el de cabildos y ayuntamientos— para financiar programas de vivienda pública, especialmente orientados al alquiler social y asequible.
La iniciativa, registrada en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, responde al rechazo del Gobierno de España a la propuesta planteada por el presidente de Canarias durante la última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona. En dicho foro, el jefe del Ejecutivo autonómico solicitó que se permitiera a las comunidades autónomas destinar sus excedentes presupuestarios a la construcción de vivienda pública, en lugar de tener que amortizar deuda bancaria, como impone actualmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Al respecto el senador nacionalista, Pedro San Ginés, subrayó este jueves en nota de prensa que “el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo importante para multiplicar el parque de vivienda en las Islas, pero seguimos topándonos con un corsé normativo que impide usar nuestros propios recursos para atender una necesidad urgente de la ciudadanía”. Asimismo, agregó que “mientras tanto, el superávit de las instituciones canarias sigue estancado en cuentas corrientes, incapaz de ser transformado en hogares para miles de familias”.
El senador nacionalista recordó que, solo en Canarias, el levantamiento de esta restricción permitiría movilizar unos 2.100 millones de euros adicionales para políticas de vivienda. “Una inversión estratégica como esta no puede seguir esperando mientras miles de personas, especialmente jóvenes, ven frustrados sus intentos de emancipación por la falta de vivienda asequible”, añadió.
En su moción, Pedro San Ginés propone que el Senado inste al Gobierno estatal a autorizar con carácter inmediato y excepcional el uso del superávit autonómico para programas de construcción de vivienda pública en régimen de alquiler social y asequible; a modificar la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria, de forma que este tipo de inversión no compute como déficit o deuda pública, así como, a establecer mecanismos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar una planificación coordinada y eficiente de estos planes de inversión, atendiendo a criterios de equidad territorial y sostenibilidad.
San Ginés insistió tras registrar la iniciativa que defenderá en la Cámara Alta en que “es momento de priorizar el derecho constitucional a una vivienda digna frente a la ortodoxia fiscal. Esta es una demanda justa, legítima y urgente”, concluyó.
