La diputada nacional del Partido Popular (PP) y portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha criticado este miércoles la decisión del Gobierno de España de habilitar con carácter urgente 250 plazas en el centro Canarias 50, en Gran Canaria, destinadas a menores migrantes con derecho a asilo. Esta medida, según explican los populares en nota de prensa, se adopta en cumplimiento de las recientes resoluciones del Tribunal Supremo, pero el PP denuncia que se ejecuta “con precipitación y sin garantías reales de recursos ni de temporalidad”.
Delgado ha calificado la decisión como “una nueva chapuza” del Ejecutivo de Sánchez, “que vuelve a utilizar al Archipiélago como campo de contención migratorio mientras elude su responsabilidad nacional en la gestión humanitaria y legal del asilo”.
Además, la portavoz popular cuestiona también la afirmación del Gobierno central de que estas plazas serán de tránsito, mientras se estudian los expedientes de los menores y se les reubica en centros especializados en la Península. “Es otra mentira más. Todos sabemos que lo que el Gobierno llama temporal acaba siendo permanente. Lo hemos vivido demasiadas veces en Canarias. Se actúa sin calendario, sin presupuesto específico y sin plan de redistribución. Nadie en esta tierra cree ya en los anuncios de Sánchez”, afirmó.
Jimena Delgado sostiene que la anunciada reforma exprés del cuartel Canarias 50 demuestra que “el Ejecutivo central improvisa, opta por la vía chapucera, promueve el hacinamiento y no vela por los derechos de los menores refugiados, casi cien días después de que el Supremo le dijera que tenía que atenderlos”.
“El Gobierno de España no ha hecho la tarea y ahora, deprisa y corriendo, quiere poner un parche con 250 menores juntos en el barrio de La Isleta, cuando lo lógico es que fueran derivados a otras comunidades autónomas y atendidos en centros más pequeños donde se garantice su correcta atención y su integración social”, indicó la diputada popular.
“Esta decisión -continuó- es una nueva trampa de Sánchez, que vuelve a utilizar a Canarias como campo de contención migratorio mientras elude su responsabilidad nacional en la gestión humanitaria y legal del asilo. No hay plan nacional, no hay plazos, no hay compromiso real. Solo hay improvisación y abandono. Desde el Partido Popular de Canarias exigimos que se diga la verdad, que se deje de usar a nuestras Islas como solución provisional de problemas estructurales que el Estado se niega a afrontar con seriedad”.
“Para colmo, la entidad designada por el Gobierno de España para gestionar el centro carece de habilitación del Gobierno canario para trabajar con menores, otra muestra más de improvisación, chapuza y desprecio a Canarias”, indicó, señalando que “lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez y Torres es cumplir, al pie de la letra, los autos del Supremo, que hablan de que Canarias no puede más y de que sufrimos hacinamiento debido a que atendernos a más de 5.000 menores”.
En este sentido, Delgado indica que “la alternativa sensata es que se les atienda fuera de las Islas, si lo que se pretende es aliviar una situación desesperada. La única prioridad debe seguir siendo descongestionar el sistema de acogida de las Islas y no crear nuevos macro centros aquí, saturando servicios públicos y evitando una correcta atención de los menores con derecho a asilo en el ámbito educativo, sanitario, cultural e incluso deportivo”.
La diputada popular sostiene que “la solución no pasa por crear nuevos centros en Canarias, sino por activar traslados a otros territorios para que el alivio sea real. Los nuevos dispositivos estatales para la atención de estos menores con derecho a asilo deben ubicarse en otras comunidades, salvo excepciones justificadas relacionadas con el arraigo y la integración social”.
Por último, la también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuerda que su formación lleva años reclamando la recuperación del espacio del antiguo acuartelamiento Canarias 50 para uso ciudadano, especialmente para el barrio de La Isleta, una demanda ampliamente respaldada por los vecinos y por diversos colectivos sociales.
