El Grupo Parlamentario Popular exigió este martes al Gobierno de Canarias la anulación del concurso para adjudicar los servicios de distribución y difusión de señales de TDT y FM, y transporte permanente de señales audiovisuales, a través de Radiotelevisión Canaria, ante la sospecha de que se insiste en usar el ente público para enmascarar irregularidades y beneficiar a una empresa en detrimento de otras.
“El Gobierno vuelve a vulnerar en la práctica sin ningún pudor el principio de libre concurrencia, impidiendo el acceso a un concurso público a casi una decena de empresas canarias”, denuncia en nota de prensa la diputada popular Maria Teresa Pulido.
El Boletín Oficial de Canarias recogió el pasado 12 de junio la convocatoria de este concurso por procedimiento abierto, que se publica en pleno verano y por cuatro años, “sin haber motivo urgente para ello, pues Advertís Telecom, la empresa que actualmente lo presta, cuenta con dos años de prórroga”, declaró Pulido.
“Los empresarios canarios del sector audiovisual denuncian que todo parece dirigido a que los más de 13 millones de euros que suma este contrato beneficien a la empresa que actualmente presta el servicio, la única en Canarias que reúne los requisitos técnicos que este concurso exige obtener en un mes”, afirmó.
“El Gobierno podría estar perjudicando gravemente los intereses de los empresarios de las islas, con el fin de renovar al actual concesionario- remarcó la diputada del PP-, pues introduce requisitos técnicos imposibles de cumplir antes del plazo fijado para la adjudicación provisional, el próximo 15 de julio, y poner el sistema en funcionamiento antes del 1 de agosto”.
Entre ellos, los empresarios citan determinados trámites que han de realizarse ante el Ministerio de Industria, y requieren entre 60 y 120 días solo para obtener la autorización. Según apuntó María Teresa Pulido, únicamente la actual adjudicataria puede hacerlo en 15 días, porque ya cuenta con las frecuencias.
“Advertís Telecom ya tiene los medios necesarios en funcionamiento y cuenta con las autorizaciones pertinentes, con lo que no gastara ni un euro de la cantidad que presente como oferta económica y, según estiman los empresarios, podría obtener un beneficio de más de 9 millones de euros”, agregó.
“Consideramos increíble que los empresarios canarios sean atropellados por Rivero, en este momento de crisis económica, que hubiera sido una magnífica oportunidad para aunar a las empresas del ramo y plantear una propuesta conjunta”, aseguró la parlamentaria del Partido Popular.
En opinión de María Teresa Pulido, “si el Gobierno no para de inmediato esta tropelía, habrán de ser nuevamente los Tribunales, la Comisión de la Competencia del Gobierno de la Nación o la Unión Europea, pues ya los propios empresarios han anunciado que recurrirán la adjudicación debido a que los pliegos del concurso impiden la libre concurrencia”.
