La diputada regional del Partido Popular por Lanzarote, Ástrid Pérez, ha logrado en el Pleno del Parlamento de Canarias el apoyo unánime de todos los grupos políticos del arco parlamentario a su Proposición No de Ley (PNL) de instar al Gobierno canario a que adopte medidas para impulsar el tejido industrial de las islas no capitalinas.
Asimismo, según informa este jueves en nota de prensa remitida por el PP a Crónicas, se acordó exigir al Ejecutivo canario a que con carácter inmediato se modifiquen los criterios de reparto del REA, así como el establecimiento de medidas que compensen los sobrecostes que padecen los industriales de las islas no capitalinas.
La diputada regional expuso la grave situación que está padeciendo el sector industrial de las islas no capitalinas, así como el agravio económico y competitivo que padecen respecto a las capitalinas.
En ese sentido, Pérez se hizo eco de la queja de las Cámaras de Comercio de Lanzarote y Fuerteventura quienes han dicho que el coste del transporte hacia y desde estas islas, ya sea con otras islas como con el territorio continental, es en términos relativos incluso superior a los costes de tráfico directo Canarias-Península o con terceros países desde los puertos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, aún cuando se trate de tráfico que se realice con procedencia de fuera de las islas y haga parada directa en Lanzarote o Fuerteventura.
Reflejó que tanto en el tráfico marítimo como en el aéreo, el sobrecoste de importar insumos y exportación de productos manufacturados suponen para las islas no capitalinas un coste y un sobrecoste que varía entre el 12,5% y el 15% más respecto a las capitalinas.
Asimismo, indicó que los sobrecostes del transporte con relación al volumen de facturación de las empresas situadas en las islas no capitalinas se elevan al 5,86% frente al 3,37% de las capitalinas, lo que supone un cargo suplementario de un 74% superior.
Pero también destacó que hay otras circunstancias que ponen en desventaja a las industrias radicadas en las islas no capitalinas, como el retraso en los pagos de la subvención al transporte interinsular y su insuficiente dotación –competencia del Gobierno de Canarias–, que está generando graves desequilibrios en el tejido industrial de las islas no capitalinas, “por lo que consideramos preciso articular mecanismos adicionales que permitan el desarrollo de un tejido industrial competitivo”.
En ese sentido, demandó que el Gobierno de Canarias articule los mecanismos adecuados a los efectos de impulsar e incentivar el tejido
industrial de las islas no capitalinas, ante las dificultades específicas que soporta; así como disponer medidas para compensar los elevados costes de producción en islas no capitalinas, y evitar los efectos de la doble insularidad, de la misma manera en que la Unión Europea compensa las dificultades de producir en las regiones ultraperiféricas.
Esta PNL contó con una enmienda de adición en la que se solicitó incluir que los beneficios repercutan en ventajas económicas para el usuario final.
Ástrid Pérez argumentó que los sectores productivos de Canarias atraviesan una situación muy difícil, que es especialmente notoria en la industria, fuertemente condicionada por los sobrecostes derivados de nuestra condición de región ultraperiférica de la Unión Europea.
La lejanía y fragmentación de nuestro territorio incrementan los costes de estas actividades, y sitúan a los productores de Canarias en una situación de desventaja competitiva respecto a la industria localizada en territorio continental.
Los costes de la ultraperiferia se agravan más, si cabe, en las llamadas islas no capitalinas, debido al fraccionamiento del mercado y a la menor población, condicionantes que constituyen el efecto de la doble o incluso triple insularidad, dificultando, limitando y encareciendo más si cabe, la actividad productiva.
Si bien la Unión Europea intenta paliar este tipo de costes con sus políticas específicas para regiones ultraperiféricas o escasamente pobladas, “lo cierto es que las islas no capitalinas se ven realmente más perjudicadas”.
Las islas capitalinas son las principales beneficiarias de las ayudas al transporte, que permiten conectar a un precio más favorable a las empresas locales con la Europa continental.
Esta situación perjudica la producción y distribución de bienes y servicios en el resto del archipiélago, encarece el acceso a los medios de producción, y pone en peligro el bienestar social a que han llegado municipios más alejados tras años de lucha.
