domingo 16/5/21

Infancia, adolescencia y violencia

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Salvo las fuerzas reaccionarias y negacionistas, nadie más ponía en duda que era necesaria la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños y niñas, análoga a la aprobada contra la violencia de género. Esta ley responde a esta necesidad e incluye medidas en muchos ámbitos, como la prevención, actuación en el nivel educativo, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, regulación de la publicidad, redes sociales o justicia.

Las graves repercusiones de la violencia y los malos tratos sufridos por los niños, niñas y adolescentes son ampliamente conocidas. Entre otras muchas secuelas, estos actos pueden causar lesiones que pueden provocar discapacidad; problemas de salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades; dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo; consecuencias psicológicas y emocionales como trastornos afectivos, trauma, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima; problemas de salud mental como ansiedad y trastornos depresivos o intentos de suicidio, y comportamientos perjudiciales para la salud como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.

Por todo ello, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia es un hito legislativo en materia de defensa de los derechos de los niños y niñas que llena de orgullo a las que, como yo, hemos contribuido a hacer realidad en mi calidad de diputada nacional del PSOE. La sociedad española no podía seguir mirando a otro lado respecto a la situación que vive la infancia, ya que los datos son escalofriantes. Sólo un 15% de los casos de violencia en la infancia son conocidos, y más del 40% de nuestras adolescentes afirma haber sufrido situaciones de acoso sexual.

La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria reconocida en la Constitución Española. También el Consejo de Europa cuenta con estándares para garantizar la protección de los derechos de las personas menores de edad como son, entre otros, el Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, conocido como Convenio de Lanzarote porque fue firmado en mi isla natal el 25 de octubre de 2007. A partir de ahora, estoy convencida de que esta ley permitirá a los menores vivir sin miedo, y tan solo por eso cambiará la vida de miles y miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. La verdad es que en días así la dedicación a la política se llena de sentido.

Infancia, adolescencia y violencia
Comentarios