Desde que en 2004 la por entonces consejera de Turismo Interior del Cabildo insular, María Dolores Luzardo, consiguiese que unas 500 villas turísticas quedasen censadas, nada se ha hecho para solucionar su situación irregular.
Dos años después el censo debe seguir en poder del Gobierno de Canarias, donde fue enviado el listado para estudiar las posibles vías de solución y desde donde aún no se conoce respuesta alguna.
Por entonces se estimaban en unas 5.000 las viviendas que estaban siendo explotadas turísticamente sin ningún tipo de control, lo que suponía, según los empresarios del sector, unas 20.000 plazas.
Fue precisamente la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (AETUR), una de las instituciones más interesadas en poner fin a este fenómeno, la que aseguraba que constituía una competencia desleal.
Gerardo Fontes, que en aquel momento era el presidente de Aetur, se pregunta ahora qué ha sido de ese censo y si no habrá algún tipo de interés político o empresarial que haya enterrado el asunto.
Afirma que sólo de esta forma puede entender como ha podido caer en el olvido esta iniciativa que pretendía solucionar un problema que continúa “a sabiendas de las instituciones públicas y privadas”, explicó.
En este tiempo el empresario ha endurecido su posición en este asunto, y apuesta por cerrar directamente cualquier explotación que no esté funcionando dentro de la legalidad.
Las villas como alternativa turística
El problema de que sigan funcionando en la Isla camas turísticas sin pasar por ningún tipo de control afecta en muchos aspectos al sector y la economía insular.
Por una parte, los empresarios turísticos se quejan de competencia desleal al saltarse sus propietarios cualquier tipo de pago de impuestos o controles administrativos.
Además, los profesionales insisten en que este tipo de servicios restan calidad al sector turístico lanzaroteño.
Por otra parte, son muchos los que señalan también que las villas responden a la demanda de otro tipo de turistas, que buscan un descanso fuera de hoteles y complejos en zonas más masificadas.
Bajo esta certeza y como respuesta a las denuncias del empresariado turístico local trabajó Luzardo durante su mandato como consejera de Turismo Interior. Con la llamada a los propietarios de establecimientos de este tipo a inscribirse en este censo se pretendía buscar una solución que les diese la oportunidad de acogerse a la ley y seguir con su actividad de forma visible.
Para conseguir soluciones, Luzardo asegura que llegaron incluso a visitar Menorca, una isla en la que es habitual este tipo de modalidad turística, para buscar fórmulas en las que situar cada caso.
Todas estas propuestas terminaron por caer en saco roto, ya que nunca se les dio una solución, por lo que se puede suponer que siguen funcionando de forma sumergida el mismo número de villas ilegales o incluso que este número haya variado. Así al menos lo entiende el ex presidente la patronal turística de Lanzarote, que cifró en su momento en unas 20.000 las camas ilegales que estaban funcionando en la Isla y que mantiene esa cifra teniendo en cuenta que “sigue entrando un número parecido de visitantes y las cifras de ocupación no varían”, señaló.
Cifras estimadas
Las cifras que se barajaban en aquel momento según el censo eran claras. En el censo voluntario finalizado en diciembre de 2004 se apuntaron un total de 513 villas turísticas ilegales, la mayor parte de ellas localizadas en el municipio de Tías (244). Además, el municipio de Yaiza registra 228 villas censadas, Teguise 10, Haría 11, Tinajo 8 y San Bartolomé 12. El objetivo del censo evidentemente era conocer el número de villas turísticas y su localización en la Isla, pero también saber la voluntad que tenían los propietarios de legalizarlas.
La voluntad parece evidente, al menos por esta porción de propietarios, el problema es que estar censado no implicaba una solución directa.
Lo que parece mantener el conflicto en tablas es que es difícil posicionarse en contra o a favor de su cierre, teniendo en cuenta que es un producto que demandan muchos turistas y que trae consigo más ventajas que el famoso ytan extendido "todo incluido".
El turista que ocupa las villas consume fuera de la instalación, alquila coche propio, come en restaurantes, visita los centros turísticos y se marca sus propias rutas.
El problema se encuentra en el tipo de explotación de estas viviendas, que quedan fuera de la ley sin que por ahora parezcan tener que temer a ningún tipo de sanción o inspección.
