La reconversión ilegal de muchos apartamentos turísticos en residencias alimenta a la crisis turística y maltrata la imagen de Lanzarote. Así lo reflejó este diario en el reportaje “Apartamentos en Puerto del Carmen, de complejos turísticos a `guetos'”, de su pasada edición.
A modo de recapitulación, el reportaje nació movido por la inquietud de querer ir más allá ante la imagen desoladora que presentan zonas como la de Puerto del Carmen (aunque ocurre en más municipios insulares) y ante las quejas de empresarios y vecinos de la localidad sureña. Las repetidas denuncias apuntan al ilegal uso residencial de apartamentos turísticos por parte de titulares, que prefieren vender sus viviendas a invertir en mejoras y adaptación para competir con dignidad. Los propietarios se benefician ilícitamente puesto que evaden impuestos gracias a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) a la vez que hacen oídos sordos a las leyes del Registro de la Propiedad y contribuyen al deterioro de las calles, a la competencia desleal y hieren al sector oficial, al que está dado de alta y paga sus impuestos.
La realidad es que estas actuaciones ocurren; se sabe dónde, cómo y quién está detrás aunque el camino de búsqueda de responsables y de medidas al respecto es difuso. Instituciones locales y centrales, propietarios y registradores; todos se lavan las manos. Pese a no ser nuevo, el tema ha prendido llama, la mecha se expande socialmente y las reacciones no se han hecho esperar.
Servicios sociales no sabe nada
Los complejos turísticos precariamente reconvertidos presentan un cuadro desolador, en el que suciedad y abandono conviven con familias y turistas en Puerto del Carmen y también en Teguise y Playa Blanca. “Condiciones infrahumanas, garajes convertidos en viviendas y locutorios marroquíes, pobreza en su grado máximo y todo un suburbio en un enclave antes fabuloso”, como lo definió un vecino de la localidad de Tías en la versión digital de Crónicas. A pesar de ello, Joaquín Caraballo, consejero de Asuntos Sociales del Cabildo, se sorprendió cuando esta redacción se puso en contacto con él para que abordara el tema desde la importante perspectiva social que posee. Caraballo aseguró que en ningún momento se le ha hecho llegar alguna denuncia de exclusión o explotación y que “no tenía ni idea de que esto ocurría”. “Creo que la competencia concierne a los ayuntamientos correspondientes aunque empezaré a estudiar y valorar la situación cuanto antes”, matizó.
Todas las denuncias que existen se apilan en el Consistorio de Tías ya que conciernen al ámbito mercantil, fuera de las competencias de la Policía Local. A pesar de ello, desde el cuerpo de seguridad subrayan que “nos encontramos ante un problema de envergadura, donde predomina un paisaje desolador en el que viven inmigrantes en dudosa situación legal, venta ambulante, etc”.
Debate abierto, ¿hacia dónde?
El miembro de Alternativa Ciudadana Andrés Barreto opinó ayer en El Despertador sobre la venta de estos apartamentos y apuntó a que “pese a que desde las instituciones hemos escuchado que se procedía al cierre de estos complejos, la realidad es que se estaba procediendo descaradamente a su venta, sin hacer la división horizontal pertinente y prolongando ilegalmente su explotación turística”. Barreto se remontó al año 1980 como fecha en la que se construyeron estas viviendas, por lo que “están más que amortizadas por el tiempo transcurrido y ahora, con su venta, el beneficio es exponencial”.
Asimismo, el miembro de AC apuntó a dos consecuencias directas y alarmantes: la primera de ellas es el incremento en las prácticas turísticas ilegales. “Antes teníamos 20.000 camas turísticas ilegales en la Isla, a las que hoy se suma esta escandalosa cifra de reconversiones de complejos turísticos”, apuntó. El segundo resultado provoca una incertidumbre en cuanto a responsabilidades y competencias que ensombrece las posibilidades de solución. Barreto entiende que tanto las consejerías de Turismo y Urbanismo del Cabildo como del Gobierno de Canarias son las que tienen competencias. “Nos centramos en la expresión crisis turística mientras otros montan su negocio”, concluyó.
El administrador de fincas Pablo Betancort también se manifestó al respecto en la 95.8. Explicó el proceso previo a la venta de los complejos y adelantó los riesgos que dicha actividad entraña. Betancort sigue de cerca el cambio de uso turístico y lo define como “signo de debilidad económica”. Apuntó que el empresario opta por vender sus apartamentos, que no poseen propiedad horizontal, creando así comunidades de vecinos. Algunos compradores lo hacen a título privado y otros para continuar con la explotación. En los complejos conviven turistas con familias, comparten un solo contador patrón y zonas comunes (jardines, piscina, patio). Para el administrador “hay que hacer una división horizontal repartiendo una cuota de participación para cada elemento de finca independiente para poder mantener la comunidad”. “El problema es que muchas familias no lo podrán hacer frente y aumentará aún más el deterioro, por eso el Ayuntamiento debería favorecer una reconversión legal y estudiada”, completó.
En contraposición, el concejal de Urbanismo de Tías, José Antonio Gutiérrez, rechaza esta práctica y cree que la responsabilidad es de los propietarios que venden las viviendas. A pesar de que el artículo 166 de la Ley del Territorio de Canarias dice que la división en fincas independientes, necesaria para su posterior venta, necesita permiso municipal, “es el Gobierno de Canarias quien debe tomar cartas en el asunto ya que las herramientas de actuación que posee el Ayuntamiento son limitadas”, según declaró.
Por su parte, la consejera de Turismo del Gobierno canario, Rita Martín, aseguró que no hay un único destinatario al que apuntar como culpable. “El uso de suelos es responsabilidad del Ayuntamiento y lo primero que hay que saber es la situación de cada complejo turístico y ver qué tipo de propiedad y licencia tiene”, añadió.
Disparidad de declaraciones y diferentes visiones acerca de cómo actuar o a quién culpar pero que, al menos, sirven para que el debate continúe abierto y este alarmante asunto no caiga en el olvido sino que sea el primero de los pasos hacia una solución.
