El ex consejero del Cabildo y portavoz de Isla Alternativa, Pedro Hernández, invita a tener “voluntad política” para reabrir la comisión de investigación de Inalsa. El antiguo consejero cabildicio respondía así al programa “El Despertador” de la 95.8 al ser cuestionado acerca de la la propuesta del Partido Popular (PP) de que se reabra dicha comisión. Según recordó, se suspendió la comisión que se había iniciado en la pasada legislatura porque su presidenta, la consejera de Coalición Canaria (CC) Ángeles García, se encontró de baja por maternidad. Hernández añadió además que “muchos de los comparecientes que solicitamos en la comisión se negaban a ir o era difícil localizarles para nosotros” y, en referencia al grupo de gobierno del Cabildo determinó que saben "que se estaba investigando algo que tenía que ver con su anterior pacto de gobierno, del 99-2003, que era el PIL y el PSOE y ellos siempre mantenían una actitud de rechazo”.
De hecho dijo- “los señores del PIL esa comisión la boicotearon, no fueron a la comisión ni aportaron tampoco la información que se les pedía”. Por lo tanto, entiende “no van ellos ahora a poner en marcha una comisión que suponga investigar cosas que ellos hicieron en la legislatura 99-2003”.
En este sentido determinó que se llevaría a cabo “si hubiera una voluntad política, una voluntad de aclararle a los ciudadanos esas cuestiones” aunque por otro lado sostiene que “lo que sí que parece no razonable, por no decir un adjetivo que pueda ser más grave y descalificativo, es que estos señores hayan negociado extrajudicialmente, darle 500 millones de pesetas a FCC, más los intereses, más probablemente todo lo que ha sido el coste judicial de Fomento de Construcciones y Contratas”.
Por ello, entiende que “debería de abrirse, en cualquier lugar del mundo con sentido común eso se tendría que producir así; deberían de atender a la solicitud que viene reiterando durante este tiempo, desde este nuevo mandato, desde julio del año 2007 para acá, del PP, deberían de atenderlo y no deberían de echar tierra porque en última instancia siempre las cosas terminan por aclararse o por descubrirse y es mejor hacerlo ahora y que no tengamos que pagar la carga esa de 500 millones de pesetas que en última instancia vamos a ser los consumidores de Lanzarote los que les paguemos esa cantidad de dinero”.
Sobre el Plan de Viabilidad de Inalsa determinó que “no están habilitados ni política ni técnicamente para poner sobre la mesa ese tipo de Plan que no va a resolver la situación en la que se encuentra la empresa y no va a resolver la garantía tanto de la gestión pública, desde el punto de vista de la producción, la distribución, el cobro de unas tasas equitativas a los ciudadanos y la gestión también de las aguas residuales. Ese plan llamado de viabilidad no va a resolver eso y nos encontramos con una situación tremenda a esos niveles”.
Cuestionado por la situación de Algol, manifestó que hay un último dato que "a mí me parece tremendo y es escalofriante y es que el Cabildo de Lanzarote ha solicitado la segregación de la finca matriz, de la finca que es propiedad del Cabildo que siempre yo entendí que eran 700 mil metros cuadrados y ahora se está hablando de 500 mil y sería interesante hacer una investigación en la Secretaría del Cabildo para que dijeran exactamente cuándo se perdieron esos 200 mil metros o si es que nunca la finca fue de 700.000 metros”.
Aparte, Hernández recuerda que desde el Cabildo se ha solicitado la segregación de la parcela para que aporten los seis mil metros para construir la residencia para enfermos de salud mental. Según dijo, “el Cabildo solicitó la segregación después de que han pasado ya diez años desde que pusieron estos señores la primera piedra y el argumento que el Ayuntamiento de Teguise da, firmado por el alcalde, para no dar la segregación, es que urbanísticamente, y eso es verdad, las normas que rigen en Teguise son las normas subsidiarias aprobadas en noviembre de 2003 porque no hay otro tipo de planeamiento, a pesar de que han intentado en varias ocasiones aprobar un nuevo Plan General y aprobar el convenio de Algol pero eso está simplemente en el limbo, es decir, intento de aprobar convenio e intento de aprobar un nuevo planeamiento que le de legalidad a lo que está realizando Algol”.
En este sentido, añadió que con ese documento reconocen desde el Ayuntamiento de Teguise el planeamiento vigente en Teguise es el de noviembre de 2003 aprobado por la COTMAC. “Esas normas subsidiarias, cuando se aprobaron, de forma explícita, la COTMAC hizo referencia a Costa Teguise y en concreto a las parcelas de Algol, es decir, que no se podía hacer ahí absolutamente nada porque eso es un plan parcial viejo, del año 1973, que no se ha adaptado al PIOL, que no se ha adaptado a la moratoria, y en el que se han cometido muchas y diversas irregularidades y se están cambiando de uso parcelas que tenían en el planeamiento del 73 un determinado uso y que incluso el propio PIOL de 1991 se ha modificado”.
Para Pedro Hernández, “todo lo que esta gente ha ejecutado físicamente en Costa Teguise es absolutamente ilegal” y se pregunta por consiguiente “pero estos señores cómo es que no han actuado, no han ido a la Fiscalía Anticorrupción, al Seprona, o a la Agencia Canarias de Protección del Medio Urbano y Rural y abrir los expedientes correspondientes o ir a los juzgados de guardia a denunciar todas esas irregularidades y lo único que se nos comunica es que Algol no paga”.
Añadió además que “Algol no tiene licencias de ningún tipo para haber ejecutado todo lo que se ha ejecutado ahí porque el planeamiento vigente, licencias amparadas en la legalidad, no pueden haber porque ellos reconocen que el planeamiento vigente es el de las normas subsidiarias de 2003 de noviembre”.
Es más- afirmó- “(...) llevaron un acuerdo al Ayuntamiento de Teguise, el 13 de mayo, que asumieron el acuerdo de la COTMAC del 2003 y por lo tanto en Costa Teguise no se podía hacer nada mientras no se adaptara al PIOL y en ese mismo acuerdo municipal suspendieron cualquier tipo de actividad edificatoria en Costa Teguise en las parcelas de Algol”.
Para el ex consejero cabildicio aunque “es un escándalo desde el punto de vista urbanístico y edificatorio lo que está sucediendo en Costa Teguise” entiende por otro lado “la situación en la que están metidos los actuales responsables del Ayuntamiento de Teguise”.
