El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, entregó este viernes a los representantes vecinales de El Golfo el certificado de suelo urbano redactado por la Comisión de Ordenación y del Medio Ambiente de Canarias. Este informe fue emitido el pasado día 13 de febrero, después de que la Comisión decidiera elaborarlo el pasado día 6 de este mes.
Los vecinos recibieron el certificado en la reunión que mantuvieron en el Salón de Plenos del Cabildo con el consejero y con la presidenta de la Primera Institución, Inés Rojas, que también acudió a la cita para aclarar a los vecinos los términos en los que se ha redactado este informe.
Por su parte, los vecinos acudieron a la reunión con la intención de presentarle a Berriel nuevas propuestas para volver a elaborar el certificado. Este propósito se lo habían fijado después de analizar el informe que les habían proporcionado desde el Cabildo, y que se suponía era el que la Cotmac había confeccionado, cuando sólo se trataba de la ponencia técnica en la que se basaron para certificar que El Golfo era un núcleo urbano antes de 1988, año de la entrada en vigor de la Ley de Costas.
Finalmente se pudo aclarar la situación y se les hizo entrega del certificado definitivo, en el que se acredita esta consideración basándose en la consolidación de edificación que ya existía con anterioridad a 1988.
El texto redactado por la Cotmac se apoya además en el planeamiento en vigor en el año 1973, en el que se clasifica este núcleo como suelo de reserva urbana.
Un resultado positivo para todos
Después de meses de incertidumbre, los propietarios de las viviendas de El Golfo ven por fin una esperanza en su lucha. Este documento les aporta una herramienta eficaz para evitar que la Dirección General de Costas pueda materializar la orden ministerial que quería convertir casi la totalidad del pueblo costero es zona de servidumbre, lo que se traduciría en que las viviendas pasasen a soportar una limitación de ampliación y los solares la prohibición de construir.
Con la aportación de este certificado al recurso de reposición presentado, las posibilidades de que la ordenanza se ejecute son mucho menores porque se demuestra por una autoridad competente que El Golfo ya existía como núcleo de población antes de 1988. De este modo, los vecinos esperan que se les dé la razón y se rebaje la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, de modo que la mayoría de las casa queden fuera de la servidumbre de protección.
El resto de propiedades, construidas en la zona que queda por debajo del deslinde marítimo, quedan dentro de suelo público, por lo que tendrán que iniciar otro proceso posterior para resolver su situación.
Este será un segundo capítulo que los afectados tendrán que afrontar con otro tipo de estrategia jurídica, pero que también podría resolverse a su favor si se demuestra que el deslinde está mal sustentado y se debe desplazar hacia la costa.
En cualquier caso, el primer paso ya está dado y el certificado se enviará a Costas para que los técnicos lo tengan en cuenta a la hora de emitir un informe sobre el recurso.
Por su parte, el Ayuntamiento de Yaiza sigue adelante con el recurso contenciosos administrativo presentado ante la Audiencia Nacional para anular el deslinde, un proceso que aún tardará en resolverse, pero que también intentará que se revoque la decisión de Costas.
