El abogado Felipe Fernández Camero afirmó este jueves al programa “El Despertador” de la 95.8 que la Asociación Arrecife- Puerto se constituyó, "al parecer", para plantear la denuncia a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel. Según explicó, la denuncia se arrastra desde 2004, cuando se presentaron algunos escritos dirigidos a la ex primera edil y también al que entonces era concejal delegado de Actividades, que también estaba imputado. “El archivo afecta a los dos, no solamente le afecta a ella y posteriormente la denunciante, que fue una asociación, al parecer constituida para esto, una asociación denominada Arrecife-Puerto acudió una vez que no se sintió satisfecha por la actuación municipal, según indicaban no se le había dado respuesta a los escritos que había presentado”.
Posteriormente -añadió- esos escritos formulados ante el Ayuntamiento “se convirtieron en una denuncia ante el Juzgado de Instrucción que correspondió a este Juzgado Número Dos”. A partir de ahí, dijo, la tramitación fue lenta porque al concurrir que la cliente, María Isabel Déniz, era por aquel entonces parlamentaria y el fuero que le correspondía era el Tribunal Superior de Justicia de Canarias “donde las actuaciones llegaron a ir hasta tres veces distintas y tres veces que volvieron al Juzgado”. La tercera, explicó, fue la definitiva, “cuando ya realmente dejó de ser parlamentaria y por lo tanto aquel fuero especial decayó y correspondía al Juzgado Número Dos que era el que había estado investigando anteriormente”.
Cuestionado en concreto por la constitución de esta asociación para plantear esta denuncia reiteró su afirmación de “al parecer” y entendiendo que fue “por las declaraciones que se hicieron en la causa por parte del denunciante”. Según dijo, “en el sentido de que era una asociación de empresarios que no tenía ninguna vinculación con la llamada de suelo industrial del Puerto, esta urbanización previo correspondiente plan parcial aprobado y ejecutado, todo legalizado ha hecho un número considerable de naves, para entendernos, donde está Ikea, digamos que el firmante de la denuncia declaró ante el juzgado que no tenía ninguna relación con ella, que no eran empresarios que estuvieran vinculados a esa urbanización a pesar de que el nombre parecía inducir a otra cosa, se llamaba Arrecife-Puerto, que es similar al nombre de la urbanización esta de carácter industrial y por otra parte también declaró que no tenía ninguna relación con las personas o las entidades establecidas en la `urbanización' Tenorio”.
Preguntado por los intereses que movieron a dicha asociación para plantear la denuncia, sostuvo que “por lo que allí se declaró será la defensa de la legalidad. Aunque en los escritos se hablaba de competencia desleal y cosas de este tipo”. Según explicó, “el hecho es que sin duda podría haber esa competencia desleal porque seguro que los costes de instalación en la urbanización la otra serían superiores a esta otra”. Dijo además que “se aludía a que había como una competencia desleal por el hecho de que se hubieran ejecutado obras en esa urbanización Tenorio no legalizada con unos costos inferiores del valor del suelo”.
Cuestionado porque los denunciantes requerían la atención del Fiscal ante una supuesta deliberada dejación de funciones por parte de la alcaldesa aunque parece ser que la alcaldesa hizo caso en todo momento a las recomendaciones de la oficina técnica municipal y por lo tanto no hay una decisión consciente y voluntaria de incumplir con la normativa, sostuvo que “esas son las conclusiones del informe muy detallado, un informe de los que deben de leerse porque es francamente de un alto nivel jurídico y con una gran precisión”.
El abogado constató además que con anterioridad, por parte de la defensa de los dos imputados, su propio despacho, se había solicitado que se archivara por considerar que no había ningún motivo para que fuesen juzgados “puesto que no se reunían los requisitos y la exigencia para apreciar que había una prevaricación” y dijo además que cuando ha llegado el asunto al Fiscal para que formulara la acusación, éste solicitó al Juzgado que procediera al archivo de las actuaciones.
El Fiscal-dijo- consideró como muy importante que se trataba de suelo urbanizable para ser convertido en urbano para uso industrial y no suelo rústico que no estuviera destinado a que se edificaran naves industriales.
El abogado concluyó afirmando que su cliente se ha visto involucrada en dos tipos de diligencias. “Las dos que ha tenido se han archivado después de largos períodos de tramitaciones y sobre todo después de larguísimos períodos de condenas de papel y de juicios paralelos. Realmente queda un cierto regusto”.
